Feijóo, durante el último congreso de los populares gallegos
Feijóo, durante el último congreso de los populares gallegos - EFE

El PP sumaría 35 alcaldías de triunfar su propuesta para cambiar la ley electoral

Los populares piden facilitar el poder a la lista más votada para garantizar ejecutivos más representativos. El presidente autonómico apeló a la necesidad de blindar los gobiernos frente a la «tiranía» de las minorías

SantiagoActualizado:

Lo dijo el presidente de la Xunta en el pasado debate del estado de la autonomía: es necesario proteger a los gobiernos frente a la «tiranía de algunas minorías». La frase de Alberto Núñez Feijóo hacía referencia al matrimonio de conveniencia de Junts Pel Si y la CUP, cuyo único horizonte común pasa por consumar el órdago secesionista y dinamitar el marco constitucional. Pero ciertamente el jefe del Ejecutivo autonómico rescató parte de un discurso muy recurrente entre los populares: el de facilitar el gobierno de la lista más votada. «Dentro de las reformas políticas que necesita España», afirmó, «se debe trabajar para blindar a las administraciones frente al chantaje de aquellos partidos que no aceptan el papel que les otorga la democracia».

El PP gallego conoce esa situación de primera mano. El mapa político de la Comunidad, a nivel municipal, está salpicado de casos donde los conservadores alcanzan una mayoría holgada de votos, pero insuficiente frente a los pactos de gobierno de dos, tres, y hasta cuatro partidos de distinto color y procedencia. Así sucede hasta en 35 concellos, los mismos que podrían ver un relevo en sus alcaldías si lograse triunfar la invitación lanzada por el titular de la Xunta.

«Hago esta propuesta desde la legitimidad que me da ser el único presidente autonómico apoyado por un partido con mayoría absoluta», ensalzó en el hemiciclo. Y sus compañeros de bancada tomaron buena nota. Al día siguiente, el grupo popular en el Parlamento registró una propuesta de resolución para que la Xunta reclamara al Gobierno de Rajoy una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), aprovechando que la Comisión Constitucional del Congreso maneja algunas propuestas en esa dirección remitidas desde Génova.

Según el texto de los populares gallegos, la modificación estaría pensada para «favorecer el gobierno de la lista más votada en cada municipio», y así «asegurar que la conformación de los ejecutivos locales responden fielmente a la voluntad de los ciudadanos». La respuesta del resto de grupos de oposición fue una negativa rotunda. Previsible, en cierta medida: tanto el PSdeG como el BNG y las mareas locales son las formaciones más beneficiadas por el sistema vigente.

En la provincia de La Coruña, sin ir más lejos, la izquierda gobierna hasta en trece ayuntamientos sin que ninguno de los partidos integrados en el ejecutivo haya conseguido una mayoría de votos en las urnas. El último caso es el de Fene, donde el PP ha planteado una moción de censura —apoyada por Somos Fene, un satélite de En Marea que la confluencia no reconoce— para desalojar al regidor, el nacionalista Juventino Trigo. Pero éste no es un hecho aislado.

Sin salir de la ría de Ferrol, el alcalde de la ciudad departamental, Jorge Suárez, sostiene su mandato gracias al frágil respaldo que le brindan los cinco concejales de su agrupación y dos tránsfugas que se presentaron a las elecciones bajo el paraguas del Partido Socialista. En aquellos comicios de mayo de 2015, el PP cedió el poder a pesar de aventajar en cinco ediles y quince puntos de diferencia a Suárez.

Fotografías similares se producen a lo largo y ancho de la provincia, como en A Pobra, Cedeira, Laxe, Sada o Muros. En otras ocasiones, las mociones de censura propician cambios. Algunos favorables al PP, que recuperó el bastón de mando en Boimorto o en Noia; y otras adversas, como la polémica maniobra de Coristanco o el ascenso de Esquerda Unida al poder en Mugardos.

Pura lógica

Los populares creen que la diferencia entre los pactos multicolor y las mayorías estables tiene su primer impacto en la gestión diaria. «Es de pura lógica» señala para ABC el secretario general del partido en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís. «Cada vez que tienen que elegir un tema no se ponen de acuerdo». En el caso pontevedrés, son once los concellos en los que el PP obtuvo una mayoría insuficiente para romper el «cordón sanitario» que la izquierda teje en torno a sus candidatos.

En Cambados, donde gobierna la socialista Fátima Abal, los conservadores se quedaron a un concejal de la absoluta, aunque aventajaron al PSdeG, la segunda formación más votada, en 28 puntos. Lo mismo en Cangas o en Lalín, uno de los símbolos que la «Nécora» atesoraba como testimonio de su enorme poder en el rural. Allí, señala Cores Tourís, el ejecutivo de Rafa Cuíña es un foco de «conflictos todos los días». «No hay estabilidad», agrega el número dos de Alfonso Rueda en la organización provincial, al tiempo que propone valorar, entre otros modelos, el de Portugal, donde los «vereadores» (concejales) suelen ceder la alcaldía al candidato de la fuerza más votada.

Por otro lado, las plazas de Lugo y Orense son en términos políticos algo más plácidas para el partido que ostenta el gobierno en la Xunta, y que vio en las municipales de 2015 cómo se le escapaban como agua entre los dedos las alcaldías de las grandes ciudades coruñesas y tres de las cuatro diputaciones. Consecuencia de aquellos comicios, la socialista Lara Méndez aceptó las condiciones de Lugonovo —entre ellas, la cabeza política de López Orozco— para revalidar la alcaldía de la capital. El PP se quedó a las puertas.

Orense, en cambio, es harina de otro costal. En el feudo de Manuel Baltar se producen coaliciones, sí, como en A Mezquita, A Rúa, Verín o Viana do Bolo, pero los populares mantienen el control de la Diputación y Jesús Vázquez gobierna en minoría en la ciudad de As Burgas.