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Pontevedra sí quiere a Rajoy

Los paisanos del presidente en funciones consideran la declaración como «propia de otro tiempo»

Rajoy, por las calles de Pontevedra CRISTINA SAIZ

MARCOS SUEIRO/JOSÉ LUIS JIMÉNEZ

El presidente del comité de empresa de la planta de Ence en Pontevedra, Pedro Soto, es militante socialista. El lunes asistió al pleno en el que su partido declaró, con los votos de BNG y la Marea, persona «non grata» a Mariano Rajoy por presidir el Gobierno que ha prorrogado la concesión de la papelera en la ría pontevedresa 60 años más. La izquierda local pide trasladar la fábrica a otro emplazamiento , lo que en la práctica significa su cierre, ya que el coste cienmillonario de su traslado es inasumible por Ence.

Soto admite a ABC que le «sorprendió» el cambio de criterio del PSOE «porque soy militante desde los tiempos de la UCD y yo creo que el partido cambió de postura para competir con el alcalde nacionalista». El sindicalista aclara que «muchos trabajadores no son del PP por suerte o por desgracia , pero todos queremos trabajar». Tampoco cree que el regidor, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, le sacase «muchos réditos a su postura» porque «en las últimas generales Mariano Rajoy ganó en número de votos en la ciudad». Al sindicalista no le gusta la declaración de «persona non grata» al presidente del Gobierno en funciones . «Me parece un exceso y no soy partidario de Rajoy», aclara. Le cuesta entender a su partido, un PSOE que se volcó sin éxito en Huelva para que la planta de Ence no cerrara. Ni Susana Díaz lo logró. En Galicia, por el contrario, no quieren que siga.

Las cifras de Ence en Pontevedra están auditadas por KPMG. Entre directos e indirectos, más de 5.000 empleos dependen de la papelera. Pero más allá de la ciudad, los números son tozudos: uno de cada tres empleos del sector forestal gallego dependen de Ence, más de 1.800 familias venden su madera a la papelera y el 95% de las mismas factura menos de 100.000 euros —reflejo de los cientos de pequeños productores a los que beneficia su actividad—, aporta el 28% del PIB pontevedrés y casi el 1% del autonómico, exporta el 95% de su producción, genera más de 33 millones de euros en impuestos... Nada es suficiente para los críticos, que alegan mal olor y contaminación ambiental y paisajística.

La calle opina

Los pontevedreses digieren venticuatro horas después la decisión del pleno de convertir a Mariano Rajoy, en «persona non grata» en su ciudad, una declaración sin efecto jurídico pero que al aludido le ha causado «dolor» , como reconoció en una entrevista en 13TV. Incluso los críticos con la permanencia de Ence rechazan la censura a su vecino más ilustre. Agustín Nogueira, portavoz de la Plataforma Pro Industria, cree que la postura de la izquierda local es propia de «malos perdedores» que ha convertido el debate existente en la ciudad en una «pelea callejera» que deteriora su imagen.

La calle, como se vio en el pleno del lunes, está dividida. Cristina tiene 31 años y trabaja en banca. No tiene dudas: «No estoy de acuerdo, es una venganza política». Tampoco Carlos de 73 años: «No se puede declarar a nadie con esa etiqueta, no es justo» . Jóvenes ajenos al PP tampoco comulgan con este oprobio. A sus 22 años, a Loreto le recuerda a «la expulsión del poeta Ovidio de Roma». «La declaración suena a condena, a un exilio, es propio de otra época», critica. Para Miguel, de 18 años, el rechazo público «debería, en todo caso, votarla la gente, y no el pleno». «La fábrica está mal ubicada y soy partidario de su cierre, pero la renovación de la autorización no me parece un motivo sólido para declarar a Rajoy un mal pontevedrés ».

La mala fama de Ence se remonta a hace 25 años, cuando fue condenada por delito ecológico. La papelera lo reconoce, pero replica que desde 1999 no utiliza cloro en el blanqueamiento de la pasta de papel. Es más, presume de tener el certificado TCF que recomienda Greenpeace por su respeto ambiental, ratificado incluso por la Comisión Europea. De hecho, los agentes contaminantes de las aguas de la ría se deben a la falta de depuración de los vertidos urbanos y no de la industria. El bipartito autonómico PSOE-BNG aprobó la declaración de impacto ambiental de la planta en 2008. La otra acusación se refiere a los malos olores que genera en la ciudad, que según Ence ha reducido en un 99% en los últimos cinco años.

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