Juan Soto - EL GARABATO DEL TORREÓN

La justicia por la mano

Las leyes, revestidas de garantismo, y las autoridades competentes, debruzadas ante el buenismo, ofrecen protección y blindaje a los okupantes frente al propietario legal

Juan Soto
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La mera contabilidad de las denuncias formuladas en los juzgados, ante la Guardia Civil y en las policías locales es para echarse a temblar: sólo en las siete grandes ciudades de Galicia son más de 200 los edificios y viviendas actualmente en manos de okupas y narco-okupas. El mapa de la confiscación se extiende de norte a sur y de oriente a occidente. El catálogo de inmuebles okupados y narco-okupados es muy variado. Hay para todos los gustos: pisos pequeños, medianos y grandes, apartamentos, locales comerciales, chalés e incluso edificios oficiales y de titularidad pública, desde antiguos cuarteles (el de la Guardia Civil ubicado Pontevedra, el de San Fernando en Lugo, un edificio del XVIII con reconocimiento de BIC) e incluso centros sociales (en Santiago, en Pontevedra). Una oferta, como se ve, de la mayor variedad, lo cual la hace especialmente atractiva para cuantos estén dispuestos a usufructuarla en calidad de inquilinos inamovibles y a coste cero.

Según opinión en la que, con rara unanimidad, coinciden juristas, agentes del orden y cerrajeros, el desalojo de un inmueble okupado y su reintegración al legítimo propietario es tarea más dificultosa que la de conseguir que Rajoy pronuncie la palabra Gürtel o que la alcaldesa Colau deje transcurrir veinticuatro horas sin soltar una sandez. O sea, empeño imposible. Objetivo frustrado de antemano. Las leyes, revestidas de garantismo, y las autoridades competentes, debruzadas ante el buenismo, ofrecen protección y blindaje a los okupantes frente al propietario legal. Y a veces, todavía más: el pintoresco alcalde Ferreiro acaba de entregar a la alegre muchachada de En Marea el uso de la antigua cárcel de A Coruña para su solaz y disfrute.

Por fortuna, el pueblo gallego es sensato y templado. Y esas dos condiciones son las que impiden (hasta ahora, al menos) que muchos ciudadanos honrados y pacíficos caigan en la tentación de tomarse la justicia por su mano. Un paisano que lleva catorce meses esperando regresar a su casa okupada, acaba de resumir lo que hoy es sólo una preocupación pero mañana puede llegar a ser una tragedia: «Calquera día vai pasar unha desgracia; e detrás da primeira han vir outras». No lo quiera Dios.

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