Urdangarín, en una imagen de archivo
Urdangarín, en una imagen de archivo - ABC

El fiscal general del Estado, tras la condena a Urdangarín: «Desde luego que la justicia es objetiva»

Sánchez Melgar no ha querido hacer declaraciones sobre la condena ni sobre el ingreso en prisión del marido de la infanta

SantiagoActualizado:

El fiscal general del Estado en funciones, Julián Sánchez Melgar, ha defendido la existencia en España de una justicia «objetiva» al ser preguntado si casos como la condena por parte del Tribunal Supremo al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, evidencian esta objetividad.

Al ser requerido por los periodistas por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso Nóos' y la condena a Urdangarín, antes de participar en un curso de Verano de la Escuela del Ministerio Fiscal en Bergondo (La Coruña), no ha querido hacer declaraciones sobre la misma ni sobre el ingreso en prisión del marido de la infanta.

Únicamente ha contestado al ser preguntado si determinados casos demuestran que la justicia es objetiva. A esta pregunta, ha respondido que «desde luego que es objetiva», aunque ha eludido hacer más comentarios sobre este tema.

Condena

En su fallo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha rebajado en cinco meses --hasta los 5 años y 10 meses-- la condena inicial por el 'caso Nóos' para el marido de la Infanta Cristina. El exduque había sido penado con seis años y tres meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca por varios delitos relacionados con la actividad de la citada entidad sin ánimo de lucro. De este modo se rechaza el incremento de pena hasta los diez años de cárcel que solicitó la Fiscalía.

La reducción de la condena inicial obedece a la absolución que el alto tribunal aplica a uno de los delitos por los que Urdangarin fue condenado, el de falsedad en documento público cometido por funcionario público, ya que la Sala entiende que no está probada su intervención.

Además, no cree que Urdangarín tuviera participación en maniobras falsarias llevadas a cabo exclusivamente por quienes a efectos penales tienen la consideración de funcionario o autoridad pública.