Feijóo: «La mayoría de funcionarios firmaría una subida de 1.000 euros»
El presidente lamenta el «desprecio» de los sindicatos hacia su oferta: «Hay quien no cobra mil euros al mes»
La Xunta rechaza el arbitraje e insiste en que su propuesta sitúa al personal entre los mejor pagados de España
Séptima jornada de parálisis en la Justicia gallega ; y séptimo día en que sus funcionarios exigen a la Xunta—ayer de nuevo en la calle— que se pliegue a sus demandas: la más relevante, un incremento salarial del 13,3% anual . Pero el Gobierno gallego no cede. Por si quedaban dudas, Alberto Núñez Feijóo puso ayer a los huelguistas frente al espejo de sus propios compañeros y les acusó de despreciar la última oferta puesta encima de la mesa. «La inmensa mayoría de los trabajadores públicos firmarían por una subida de 1.000 euros por trabajador al año» , subrayó el presidente. Los sindicatos la habían tachado de «ridícula».
El tira y afloja entre el Ejecutivo y los representantes sindicales parece haberse instalado en un punto muerto. Con un matiz: la Xunta insiste en que ya no habrá nuevas propuestas . Lo contrario, sostienen, supondría un desajuste «inasumible» para las cuentas públicas , y un agravio comparativo para con el resto de trabajadores públicos, que no tardarían en ponerse a la cola para reclamar igualdad de trato.
Mientras, los paros siguen. Yel bloqueo de los juzgados, también . En la habitual guerra de cifras, las centrales sindicales estimaron ayer que «prácticamente» el 90% del personal se había sumado a la huelga;aunque el departamento de Vicepresidencia rebajó la cifra a un escaso 40,3%, con total cumplimiento de los servicios mínimos.
En las manifestaciones convocadas en las siete ciudades de Galicia, volvieron a repetirse de boca de los sindicalistas los argumentos de las últimas semanas. Entre ellos, las insistentes llamadas al «diálogo» y las denuncias contra la «actitud pirómana» del vicepresidente Alfonso Rueda , como proclamó desde La Coruña el portavoz del comité de huelga, Javier Fernández. En las calles, los gritos de «dignidad» estallaron en Vigo, las notas del «Resistiré» sonaron en Santiago, y otra vez las marchas volvieron a dejar detalles de inercia carnavalera, como el desfile de un ataúd con un muñeco que portaba la foto de Feijóo, informa Europa Press.
El presidente autonómico, sin embargo, expresó sus dudas a respecto de que los sindicatos representen «el sentir mayoritario» de todos los trabajadores , «tanto públicos como privados»; así que reiteró las ventajas de la última propuesta de su gabinete.
Mostrando las tablas comparativas desde la sala de prensa del Consello, Feijóo insistió en que el incremento ofertado de 1.080 euros anuales situaría a los funcionarios de gestión en la novena posición respecto al resto de comunidades autónomas, y en cualquier caso por encima de la media nacional. Los tramitadores ascenderían a la octava plaza, y los auxiliares, a la sexta. «Estamos en la parte alta de la tabla», agregó el mandatario, «si sacamos País Vasco y Navarra estaríamos dentro de las cuatro o cinco que más cobran de España».
Después de que reclamara a los sindicatos que le facilitaran sus propias tablas y lamentar que la petición cayera en saco roto, el popular no ocultó su asombro. «Estamos muy sorprendidos de que consideren ridícula una oferta que incrementa 1.000 euros al año cuando hay gallegos que no cobran 1.000 euros al mes» , remarcó.
Sin intermediarios
Sin reuniones previstas en el horizonte más próximo, el Gobierno gallego descarta el arbitraje del Consello Galego de Relacións Laborais pues, tal y como explicó el presidente, sus competencias están restringidas a los conflictos en la esfera privada. «La administración no puede negociar con intermediarios», zanjó.
Quien si medió en el conflicto fue la Junta de Personal funcionario de las oficinas centrales de la Xunta. Y lo hizo para apoyar a los huelguistas. A través de un comunicado, expresaron su «solidaridad y fraternidad» con los compañeros de la Justicia, y condenaron de la forma «más rotunda y enérgica» las «medidas represoras» llevadas a cabo por el Ejecutivo, según su versión, para frenar los paros. Además, anunciaron un calendario propio de movilizaciones si el Gobierno no claudica ante las exigencias de los funcionarios .
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