Zona de juegos en un parque infantil
Zona de juegos en un parque infantil - MIGUEL MUÑIZ
INFANCIA

Educadores denuncian la proliferación de «guarderías pirata»

Cifran en más de un centenar los centros que cuidan a bebés sin cumplir los permisos y que «tiran las tarifas» como reclamo

SantiagoActualizado:

Galicia cuenta con una población de alrededor de 80.000 pequeños que tienen entre 0 y 3 años. De su cuidado durante buena parte del día se ocupan, en un alto porcentaje, los profesionales de la red de escuelas infantiles con las que cuenta la Comunidad. Según los últimos datos, 311 de estos son públicas y más de 200 tienen carácter privado. En ambos casos, los requisitos para la atención de los menores (suelen acoger a bebés a partir de los 3 meses) son sumamente estrictos y abarcan desde las propias medidas de seguridad y características arquitéctonicas de las escuelas hasta las ratios de profesores por niño o los planes de evacuación.

Un séquito de inspectores dependientes del Gobierno gallego se encargan, con el inicio de cada curso escolar, de velar por que cada centro cumpla a rajatabla unos requisitos tan exigentes como necesarios a la hora de garantizar el bienestar de los menores. Sus comprobaciones llegan al 50 por ciento de todo el tejido de escuelas. Pero al margen de estos controles, y atendiendo a la denuncia de la Asociación Galega de Escolas Infantís, han proliferado en los últimos años numerosos espacios de ocio que, bajo una falsa denominación, se dedican al cuidado de bebés sin disponer de ningún tipo de permiso legal.

El presidente de Agadei, Fernando Rolland, revela que estas «guarderías piratas» abren sus puertas bajo la denominación de centros de ocio para saltarse las restricciones «y después le ponen el nombre de ludoteca», aunque su objetivo es operar como si de una escuela infantil al uso se tratase. La diferencia insalvable radica en que un parque infantil no puede acoger a menores de dos años, porque la normativa que los regula es la misma que para un espectáculo —«idéntica a la de una corrida de toros o un concierto», recalca Rolland— y están pensados para que los niños jueguen, no para su cuidado. Además, estos espacios solo precisan de una autorización municipal (no de la Xunta) y no se tienen que ajustar a la población del lugar ni al número de guarderías existentes en la zona.

De las ciudades al rural

El problema y la ilegalidad surgen cuando algunos de estos negocios «que en turno de mañana no suelen tener actividad» encuentran en el cuidado de bebés «un nicho de mercado» del que se aprovechan poniendo en riesgo la seguridad de los más pequeños. No existen cifras exactas, pero los profesionales indican que la bolsa de guarderías ilegales sobrepasa el centenar en Galicia. La mayoría de ellas se ubican en las ciudades —solo en Vigo han detectado alrededor de quince— aunque cada vez son más frecuentes también en entornos rurales, donde se ofrecen como una suerte de pseudoguardería para ayudar a las familias a conciliar. El reclamo está claro, tarifas por debajo de la media que invitan a muchos padres a confiarles el cuidado de sus hijos. «Se trata de competencia desleal. Tiran los precios porque no cumplen con la ratio mínima de profesores por niño exigida, ni con todas las pólizas y seguros de las que nosotros debemos disponer, ni con los metros cuadrados obligados en función del número de menores por aula. Además, abren en cualquier sitio y sin ningún tipo de medidas de seguridad» denuncian los profesionales.

A través de Agadei, la Xunta recibe denuncias que señalan directamente a los centros de ocio donde se ofrecen servicios dirigidos a la infancia para los que no están preparados. Es la palanca que pone en marcha una lenta maquinaria para tratar de atajar el problema. «Estas denuncias van a parar a manos de la Xunta, que manda a un inspector a comprobar que no cumplen, y que le da un plazo para poder transformarse en escuela infantil. Pero igual durante dos años no puede haber una resolución firme que los obligue a cerrar. Y en ocasiones se da la circunstancia de que los inspectores no puede entrar siquiera en los centros porque, aunque tengan rango de autoridad pública, si no ven que en ese momento está entrando un bebé pueden no autorizarle el acceso. Y si no hay colaboración por parte de esos centros es más difícil todavía para la administración poder actuar contra ellos» exponen los propios denunciantes.

Soo 15 ludotecas son legales

Como ejemplo del intrusismo en el sector, los educadores advierten de que de todas las supuestas ludotecas que funcionan en los pueblos y ciudades gallegos solo 15 son legales. «Alguna escuela nos ha alertado de que este tipo de centros recogen a bebés porque los propios padres han visto algo raro. A veces también nos enteramos de que están funcionando porque se publicitan en redes sociales con total impunidad, y eso nos ayuda a la hora de hacer las denuncias», explican desde la dirección de Agadei en una charla con ABC.

Ante las dudas de los padres, los educadores son prácticos y aconsejan guiarse siempre por listados oficiales. El más completo, conocido como Ruepss (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais), es una plataforma web dependiente del departamento de Política Social y que alberga la nómina de todas las escuelas infantiles —públicas y privadas— que funcionan en Galicia. Incluso recoge el número de plazas vacantes de las que disponen.

Consultados por esta problemática, desde la Xunta revelan que el número de inspecciones a escuelas infantiles se incrementó el pasado año y que los inspectores actúan cuando tienen indicios suficientes de este tipo de funcionamientos irregulares, «bien previa denuncia, o por iniciativa propia de la Inspección». La sanción a la que los centros se enfrentan oscila entre los 3.000 y los 15.000 euros. El cumplimiento de la ratio de personal, los niveles de ocupación autorizados y la correcto adecuación de las instalaciones y de su equipamiento son los parámetros en los que más se centra una inspección que, en el caso de las escuelas legales, puede llegar a durar tres o cuatro horas.

Conocedores de estos niveles de exigencia, los educadores exigen «énfasis» para acabar con este tipo de fraudes que «ponen en peligro la seguridad de los niños». «No podemos consentir que se juegue con su seguridad con el único objetivo de lucrarse de forma irregular, porque los profesionales de nuestras escuelas pasan controles sanitarios y educativos al tiempo que estos centros ofertan servicios para los que no están preparados y con un control mínimo».