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Operación Zeta

Crespo dice al juez que no se podían falsear los cursos de formación

Asegura que todo era legal, en contra de lo que recogían los pinchazos del sumario

Gerardo Crespo, ayer a su llegada a los juzgados EFE

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ

Gerardo Crespo , presunto cabecilla de una trama para defraudar subvenciones públicas en cursos de formación a través de su grupo de empresas —el conglomerado Azetanet—, le aseguró ayer a la juez instructora que es inocente de todo cuanto se le acusa, que sus actividades eran legales, estaban auditadas, y que probablemente los investigadores confundieran algunas cosas «que les puedan parecer lo que no son».

El empresario investigado prestó declaración durante algo más de tres horas dentro —todavía— de la fase inicial de investigación de la denominada operación Zeta , que en octubre de 2014 desencadenó la detención de siete personas, entre ellas Crespo, diversos representantes de asociaciones de autónomos y centros de formación y un exalto cargo de la Xunta, así como dos excargos intermedios. En total, se encuentran imputadas más de sesenta personas de toda España por este presunto fraude.

Tras su comparecencia, Gerardo Crespo aseguró a los periodistas que los cursos de formación «no se podían falsificar» y que «se hicieron todos». «Todo es legal y está auditado», apoyándose en las «actas de inspección» de los cursos «al inicio, al medio y al final» de cada uno, aseverando que éstos se llevaron a cabo porque la propia Xunta emitía los diplomas acreditativos. «Que no lo hubiese hecho si no se hacían y con los requisitos que requería cada caso», añadió.

El principal acusado se mostró confiado en demostrar su inocencia con la documentación que obra en poder de la instructora, si bien por el momento faltan casi la totalidad de los informes periciales solicitados por su defensa. Además, se lamentó de los perjuicios personales que esta investigación judicial le ha producido, ya que estaría al borde del desahucio por deudas , y criticó la «injusticia» vivida por sus trabajadores.

Empleados locuaces

Fueron precisamente sus subordinados, a través de los pinchazos telefónicos y los emails recogidos en el sumario del caso, los que pusieron sobre la pista a los investigadores de las presuntas irregularidades en la gestión de los cursos. En uno de los correos electrónicos, una empleada le reprochaba a la directora general de Azetanet, Margarita Ordóñez —también imputada—, que le hiciera llamar a «diferentes academias para que me hagan facturas falsas».

En otro correo electrónico, la entonces directora financiera del grupo, Natalia Abeal , traslada a Ordoñez un detallado relatorio de las «incidencias en las justificaciones económicas presentadas» para cobrar los cursos subvencionados: las contrataciones no se corresponden con las horas de formación efectuadas, las empresas tampoco son las adecuadas, se presentan «facturas de manera ilegal» por referirse a «negociaciones con proveedores de cosas que luego no se cumplen».

Como corolario de este correo electrónico, tres afirmaciones lapidarias: «Las empresas nuevas no tienen personal contratado y facturan mogollón», «las empresas que facturan de alquilar de aulas y ordenadores no disponen de ello » y, a modo de resumen, «los importes de las facturas están desfasadamente hinchados debido a la gran inventiva de nuestro jefe».

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