La cobertura de las ayudas a víctimas de la violencia de género se duplicará en 2017
La Xunta aumenta los fondos a cuatro millones y cumple uno de los puntos del acuerdo cerrado en el Parlamento
Uno de los principios de ley de Newton enunciaba que detrás de toda acción, viene la reacción. En Galicia se nos presenta un último ejemplo. Ante la lacra de la violencia de género, la Xunta responde traduciendo la preocupación social y el consenso parlamentario en políticas reales. Los f ondos para ayudar a las víctimas a separarse de sus maltratadores se duplicarán el próximo año. Pasarán de los dos millones de euros aportados en 2016 a un total de cuatro, en virtud del acuerdo suscrito por todas las fuerzas políticas en la Cámara autonómica durante el pasado mes de enero.
El Consello de Goberno celebrado ayer autorizó ensanchar la medida a lo largo de 2017. Las mujeres que soliciten la mensualidad –podrán hacerlo durante todo el año– recibirán un ingreso de entre 300 y 800 euros , en función de si cuentan con algún hijo a su cargo, presentan alguna discapacidad o si están percibiendo algún salario. Galicia será, además, la primera comunidad en incluir a las víctimas de trata entre los colectivos beneficiarios.
El objetivo es dotar a las mujeres de los medios necesarios para zafarse del yugo machista que las atenaza. En este sentido, contar con la suficiente independencia económica es clave para poder desarrollar una nueva vida. De hecho, la Xunta exigirá a las solicitantes que hayan cortado de raíz su relación de convivencia con el maltratador durante al menos los doce meses previos.
En 2016, 324 víctimas solicitaron la ayudas. Con la subida del presupuesto, la Comunidad podrá atender a 750
El año pasado, según datos del Ejecutivo, 324 víctimas demandaron la subvención en la ventanilla de la administración autonómica. Solo casi dos de cada diez eran de nacionalidad extranjera. Por provincias, 139 perceptoras residían en La Coruña, detrás de Pontevedra, con 126. En Orense y en Lugo lo hacían 30 y 19 respectivamente. Después del paso dado ayer, Feijóo estima que se dan «las condiciones» para duplicar la cobertura y prestar auxilio a unas 750 personas.
El perfil habitual responde a una víctima de mediana edad, entre 25 y 40 años. Suponen un 57% del total. Casi un tercio son madres y el 10% acreditó alguna discapacidad en el momento de entregar la solicitud.
Lejos de la letra pequeña, el momento escogido por el Gobierno para aprobar las partidas coincide con las últimas críticas de En Marea y BNG a los «recortes» en prevención y lucha contra el machismo. Los nacionalistas iniciaron a comienzos de esta semana una campaña de firmas para exigir la creación en Lugo de un juzgado específico en este tipo de casos. Según el PP, la propuesta ya está contemplada en el catálogo de propuestas que Galicia elaboró para componer un pacto contra la violencia de género a nivel estatal, tal y como se acordó en la pasada Conferencia de Presidentes.
La portavoz popular de Igualdad en el Parlamento, Marián García , criticó la forma en la que el Bloque quiere quitar protagonismo al debate en Madrid, donde no tienen representación política. «Todas las cuestiones aprobadas por consenso tienen una mayor posibilidad de salir adelante que las que se utilizan de forma partidista», destacó. A pesar de todo, para la diputada viguesa el juzgado lucense seguirá constando en la agenda.
Un consenso frágil
Las Cortes negocian un acuerdo con todos los territorios. Entre las propuestas gallegas, está crear un juzgado en Lugo
La lucha contra el machismo fue el primer diálogo –fructífero– que los partidos gallegos escenificaron en la recién iniciada legislatura. PP, PSdeG, En Marea y BNG se comprometieron a trasladar el debate a la Comisión correspondiente bajo algunas premisas de mínimos: por ejemplo, aumentar los recursos públicos, mejorar la evaluación de cada caso de riesgo e incidir en las campañas de sensibilización para eliminar ciertas conductas estereotipadas.
El acuerdo sobrevive, al menos de momento, al último movimiento del Bloque y a polémicas varias, como la generada en torno al tuit de Carmen Santos o las declaraciones del alcalde de Noia en el Día de la Mujer.
Mientras, el Gobierno sigue la hoja de ruta prevista. El incremento del presupuesto para combatir el sexismo se suma a otras propuestas, diseminadas entre el ámbito educativo, el policial o el de la justicia. Feijóo defendió la vigilancia de los efectivos de la Policía Autonómica a las víctimas o la introducción de materias sobre igualdad en la guía curricular de la educación pública.
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