Los hechos se produjeron cuando los ahora tenientes eran alféreces
Los hechos se produjeron cuando los ahora tenientes eran alféreces - ABC

Cinco tenientes serán procesados por acosar a un compañero en la Escuela de Marín

En aquel momento eran alféreces. Se los considera autores de «amenazas y conductas de menosprecio»

SantiagoActualizado:

El Tribunal Militar cuarto de La Coruña celebrará entre el 28 de mayo y el 1 de junio, a partir de las 09,00 horas, el juicio contra cinco tenientes por supuesto acoso a un compañero en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) cuando todos eran alféreces, según han informado fuentes del citado tribunal.

Los hechos que dieron origen a la denuncia se remontan a mayo de 2016 durante unas maniobras, aunque el supuesto acoso y las amenazas se habrían producido también con anterioridad. La denuncia fue presentada por un compañero de los entonces alféreces -ahora tenientes- a los que la Fiscalía Militar considera autores de un delito contra el ejercicio de derechos fundamentales y las libertades públicas.

En concreto, se les considera autores de «amenazas y conductas de menosprecio», han explicado estas fuentes, sobre una causa en la que están personados también la Abogacía del Estado y la acusación particular, además de cuatro letrados, uno de ellos en representación de dos acusados.

Para dos de los entonces alféreces de la Escuela Naval Militar de Marín, la Fiscalía Militar pide un año y dos meses de prisión, mientras que para otros tres solicita una pena de seis meses de prisión. Por su parte, la acusación particular solicita 15 meses de prisión para los cinco alféreces por un delito continuado relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

En el caso de dos de ellos, entiende también que hubo un delito de insulto a superior por el que pide dos años y seis meses de prisión. Subsidiariamente, en caso de no estimarse su petición inicial, reclama 15 meses de prisión para los cinco acusados.

También solicita el pago, por parte de dos ellos, de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil y 10.000 euros en el de los otros tres. La Abogacía del Estado rechaza que haya responsabilidad civil por parte de la Administración central, mientras que las defensas solicitan la absolución.