Acusan a dos guardias civiles de élite de ser «topos» de los narcos

Dos agentes de la Guardia Civil de Pontevedra destinados a la lucha contra el narcotráfico se sentarán en el banquillo de los acusados por su presunta implicación con las bandas de narcos que actúan desde la Comunidad . Según el fiscal del caso, estos dos efectivos se valieron de su puesto dentro de una unidad especializada para convertirse en «topos» de los traficantes y pasarles datos vitales sobre los seguimientos a los que estos eran sometidos. El Ministerio Público también indica que al pertenecer a un grupo «de élite» los guardias tenían acceso a información privilegiada que más tarde trasladaban, presuntamente, a los mismos narcos contra los que luchaban. En concreto, se cree que los dos acusados facilitaron a las bandas encargadas de mover la droga en Galicia «fotografías, material informático con datos relativos a las pesquisas, actuaciones judiciales decretadas secretas, los vehículos que estaban siendo vigilados e incluso un listado con los datos personales de otros agentes del Instituto Armado y de sus confidentes ».

Los dos están acusados de un delito de revelación continuada de secretos en concurso medial, de encubrimiento, y de atentar contra la intimidad. En este caso, además, por tratarse de una confidencialidad que afectaba a funcionarios públicos y de hacerlo para organizaciones criminales «es todavía más grave». Por estos delitos, los dos guardias de Pontevedra se enfrentan a una petición de once años y medio de prisión , por parte del fiscal antidroga Luis Uriarte. En el caso de que el tribunal no aprecie el segundo de los delitos, la Fiscalía les imputaría el de integración a un grupo criminal, por lo que ambos agentes se exponen a una petición de prisión de seis años, según el escrito.

La causa incluye a una tercera persona, a quien el fiscal conecta «policialmente» con el narco. Ahondando en esta posibilidad, la Fiscalía apunta que actuaría de enlace entre los dos agentes acusados y los grupos de narcotraficantes , relación por la que podría cumplir siete años de cárcel. Los tres señalados habrían operado de forma estable «al menos entre febrero y julio de 2013» obteniendo información secreta que era revelada a terceras personas para alertarles de las investigaciones.