El Gobierno anula la consulta de Elche para elegir alcaldes pedáneos

Según el documento remitido por la Delegación del Gobierno, la celebración de una consulta tal como la formuló González supondría «un retorcimiento del ordenamiento jurídico de tal violencia que se desvirtuaría, por la vía del fraude todo el régimen jurídico de tales instituciones». Además, el escrito hace constar «el absurdo» de que, llegados a un caso concreto, el propio alcalde de Elche podría privar de sus funciones a los pedáneos elegidos democráticamente, lo cual a juicio de la Abogacía del Estado «contradice el espíritu que defiende tener la consulta».

El pasado 15 de septiembre Carlos González, alcalde de la ciudad ilicitana, firmó la convocatoria de una «consulta vecinal» para la elección democrática de los representantes de la Alcaldía en las pedanías de Elche por parte de los habitantes de las mismas. El 15 de octubre, la Subdelegación del Gobierno tuvo conocimiento de la convocatoria a través de internet, pues no recibió copia alguna del decreto .

En ese momento, la Subdelegación solicitó a la Abogacía del Estado un informe sobre la legalidad del decreto y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Bases de Régimen Local. Nueve días después recibieron la respuesta: el decreto aprobado por el Ayuntamiento de Elche no se ajusta al Derecho .

El informe de la Abogacía del Estado concluye que se mezclan y confunden distintas figuras jurídicas. La consulta, según se especifica en el documento, «no puede servir de cauce para la elección de alcaldes pedáneos» ya que, en primer lugar, no coincide con las elecciones municipales . Además, el informe aprecia «serias deficiencias democráticas» en la convocatoria, y sostiene que Elche «no tiene la posibilidad de hacer tales procesos electorales».

Según el escrito, la aprobación de la consulta «vacía de contenido» la ley destinada a la supresión de entidades locales menores para «racionalizar la administración» y reducir los costes y objetivo de déficit del propio consistorio ilicitano, dejando en entredicho la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos por la cantidad de dinero ya desembolsada.