Alicante
Reabren cuatro años después la investigación del incendio que causó dos muertes en Torremanzanas
El caso se cerró en 2015 sin responsables y con informes contradictorios sobre la decisión de hacer un cortafuegos, que resultó fatal
Cuatro años después, se reabrirá la investigación judicial -se había sobreseído- del incendio forestal que causó la muerte de dos efectivos de los servicios de extinción en Torremanzanas , por orden de la Audiencia de Alicante .
Ocurrió el 12 de agosto de 2012, perdieron la vida un brigadista y un agente medioambiental, sufrieron lesiones otros tres trabajadores y ahora un juzgado de San Vicente del Raspeig se encargará de dilucidar lo sucedido y las posibles responsabilidades, según el auto, hecho público este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), que revoca el sobreseimiento de la causa que acordó la magistrada instructora en septiembre del pasado año porque las acusaciones personadas no han podido interrogar al autor de un informe pericial.
Ese informe, emitido por el Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales (GOIF) de la Conselleria de Gobernación y Justicia, sirvió de base al juzgado para determinar que no había indicios de delito en la actuación de tres mandos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
La juez no apreció una "relación de causalidad" entre la decisión de estos tres investigados de hacer un cortafuegos para frenar el avance del foco principal de las llamas y el fatídico resultado. Además, la instructora añadía en su auto de archivo que no había pruebas de que dicha medida hubiera creado "un peligro jurídicamente desaprobado" o una "infracción de un deber de cuidado" con esta medida.
«Propagación no previsible»
El informe pericial encargado al GOIF por la juez determinó que las llamas que alcanzaron a las víctimas no procedían del frente principal ni de la "cuestionada quema técnica" o cortafuegos, sino que "se originaron aisladamente, de forma súbita y a una velocidad de propagación inusitada y no previsible".
La reapertura de la causa se ha ordenado para que las partes personadas en la misma puedan interrogar al perito y solicitar las "aclaraciones" que consideren oportunas. "La vida es el bien jurídico más preciado y no puede reputarse suficiente una investigación que no agote razonablemente los recursos necesarios para adquirir una suficiente certeza sobre las circunstancias y avatares de los óbitos", razonan en el auto los magistrados.
A juicio del tribunal, la ley obliga al instructor a "posibilitar que las partes efectúen al perito las consideraciones que estimen convenientes" y las preguntas que "consideren oportunas" sobre su pericia. Máxime cuando en un proceso existen dictámenes periciales discrepantes, como ocurre en este caso con un informe emitido por un experto de la Universidad Politécnica de Valencia , que llega a conclusiones totalmente opuestas a las del GOIF.
El auto, del que ha sido ponente el magistrado Javier Martínez-Marfil, también alude a la necesidad de aclarar si el lugar donde se realizó el cortafuegos era el más idóneo para ello, como han cuestionado testigos y la Inspección de Trabajo , pues suponía desoír las indicaciones impartidas por el director del Puesto de Mando Avanzado (PME).
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