Política
PP y Ciudadanos: pugna por el adoctrinamiento en las escuelas valencianas
Ambas formaciones apoyan una iniciativa para reforzar las funciones de la Alta Inspección Educativa con reproches por sus posicionamientos durante el mismo debate en el Congreso
Las Cortes Valencianas han rechazado este miércoles una iniciativa que defendía el refuerzo de las funciones de la Alta Inspección Educativa del Estado para actuar ante casos de adoctrinamiento en las aulas . La proposición no de ley era presentada por el PP y ha sido finalmente apoyada por Ciudadanos y sus exdiputados (ahora no adscritos), mientras que el PSPV, Compromís y Podemos la han rechazado.
Aunque los populares y la formación naranja han llegado a un acuerdo, sus intervenciones iniciales han estado marcadas por los reproches entre los dos grupos por sus respectivas posiciones durante el mismo debate que tuvo lugar en el Congreso . Allí, Ciudadanos presentó una moción en la que el PP se abstuvo después de que el partido de Albert Rivera le rechazara las enmiendas.
En las Cortes ha sucedido lo contrario. La iniciativa era liderada por los populares y Ciudadanos ha presentado enmiendas que les han sido aceptadas. Lo cual no ha impedido que entraran en una discusión sobre sus actitudes, evidenciando la disputa que mantienen por atraer al mismo tipo de electorado en la cuestión educativa.
«Me alegra que sea el PP el que presente esta PNL. En menos de un mes se han dado cuenta de que existe adoctrinamiento cuando no votaron a favor de nuestra propuesta en el Congreso», ha criticado la diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura. A lo cual le ha respondido la parlamentaria popular Beatriz Gascó: «Ciudadanos se dedica a exigir desde la tribuna. No hace falta ir a Madrid a denunciar estos casos, me sorprende que nos den lecciones».
Más allá de esta muestra del duelo que mantienen por tratar de liderar la cuestión educativa, Beatriz Gascó ha defendido la necesidad de reforzar a la alta inspección estatal, frente al «vaciamiento» de competencias de los inspectores valencianos por parte de la Conselleria y ante el «goteo constante» de casos de adoctrinamiento en centros educativos valencianos.
Entre otros, ha puesto como ejemplos la venta de boletos de Navidad de Escola Valenciana en horario lectivo, la agenda con los «Països Catalans», las unidades didácticas que elabora «una mujer que ha sido condenada por participar en un atentado frustrado de Terra Lliure», banderas cuatribarradas en algunos centros, libros de lengua catalana o deberes de colorear la silueta de «Països Catalans». «Libertad de cátedra sí, pero hasta las libertades tienen límites y son la legalidad», ha incidido, para pedir que se destierre «la ideologización de la enseñanza» .
Además, ha reprendido al resto de grupos por tratar de «minimizar el adoctrinamiento» y ha advertido de que Compromís es «un peligro para la educación valenciana» e intenta «normalizar» las ideas «inconstitucionales» sobre los «Països Catalans» en las aulas mediante «la dejación de funciones y la complicidad con profesores nacionalistas que están intentando imponer su ideología»: «Vamos a conseguir que sea la ley la que impere en los colegios y no su ideario catalanista».
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura ha apoyado que la Inspección pueda actuar de manera eficaz para «garantizar la neutralidad ideológica en el sistema educativo». En su opinión, no se trata de «fiscalizar» el trabajo de los maestros, sino constatar que se cumple la ley y que los materiales curriculares no contienen «incorrecciones geográficas o históricas», por ejemplo sobre la figura de Jaime I.
Compromís lo compara con la Inquisición
El diputado de Compromís Josep Nadal ha calificado la propuesta como una de las «más tristes y desafortunadas que se debatirán nunca en un parlamento democrático», además de apuntar que parece que al PP «le hayan aplicado el 155» por el centralismo de su iniciativa, en la que proponen «que vengan señores de Madrid a hacer labores de control que ya tienen asignadas la inspección educativa valenciana».
Ha indicado que si existe algún caso puntual, esa inspección actúa, pero es «irresponsable» y de un «partidismo de la peor calaña» lanzar una alarma. «Es una propuesta inquisitorial contra la libertad de cátedra. Los Torquemada del siglo XXI no pueden tolerar que en nuestras aulas se hable con libertad», ha comentado, para preguntar si no es adoctrinamiento que la Lomce haga de la religión una asignatura evaluable.
El parlamentario de Compromís también ha llegado a afirmar que los populares «apuntan con el dedo para que luego la extrema derecha haga su faena» , en relación a los actos vandálicos que tuvieron lugar en un centro después de que unos padres denunciaran «adoctrinamiento» por un vídeo que mostraba a Jaume I como rey de Cataluña.
La socialista Ana Besalduch ha confesado asistir «aterrada» a este debate que plantea a la Inspección como «policía interna del sistema educativo» y que ha calificado de «irresponsable», generando «una alarma social que no hay». «No están defendiendo a ningún niño, están intentando aplicar la censura de tiempos pasados », señalado.
El diputado de Podemos César Jiménez ha ironizado sobre la disputa entre PP y Cs para ver quién es «más desadoctrinador» y ha recordado que ya hay un cuerpo de inspectores autonómicos. Así, ha criticado la utilización política de los alumnos y ha señalado que los docentes no tienen por qué «soportar su intransigencia y censura», que «solo busca impulsar su proyecto intolerante y oscuro de país».
Por último, el ex de Cs Alexis Marí ha explicado el apoyo de los 'agermanats' a la iniciativa porque defienden que se controle el cumplimento de la norma, aunque ha pedido que no se haga tampoco «de la excepción la regla». «Fiscalizar sí, pero señalar no» , ha remarcado.
Neutralidad ideológica
La proposición no de ley del PP pedía, entre otras cosas, que la alta inspección, de oficio o a instancia de parte, realizara requerimientos e inspecciones y elaborara informes sobre las decisiones de la administración educativa en relación al currículo, libros de texto o la garantía de los derechos lingüísticos y a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado.
Asimismo, solicitaba que este cuerpo de inspectores garantizara la neutralidad ideológica y política de los centros docentes, y que se establecieran las medidas legales necesarias para que estos funcionarios gozaran de la consideración de autoridad pública.
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