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Lengua

El PP recurre ante el TSJ la creación de la Oficina que persigue los casos de discriminación del valenciano

El nuevo organismo de la Generalitat afecta a las relaciones entre particulares aunque carece de capacidad sancionadora

Imagen de archivo del conseller de Educación, Vicent Marzà MIKEL PONCE
Alberto Caparrós

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El grupo parlamentario popular recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el decreto del Consell por el que se pone en marcha la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) , según anunciado la portavoz de Justicia del PP, María José Ferrer San-Segundo . La ODL entró en vigor este martes y, pese a la recomendación del Consell Jurídic Consultiu (CJC), su ámbito de actuación afecta a los particulares.

Para la diputada popular, “ este decreto es un corta y pega de la oficina de garantías lingüísticas de Cataluña que ha acabado con multas a comercios y que no ha traído la convivencia pacífica de lenguas en Cataluña sino la confrontación y la fractura social. Queremos que se fomente y potencie el valenciano pero en un conflicto privado entre dos personas valencianas no se puede hacer prevalecer en el ámbito privado esa cuestión”.

El PP argumenta que la creación de la nueva Oficina vulnera los derechos individuales y no cuenta con el visto bueno del CJC.

La Generalitat si aceptó finalmente que el nuevo organismo no disponga de capacidad sancionadora . Con todo, desde el día 19 cualquier persona puede denunciar ante la Oficina de Derechos Lingüísticoscasos de «discriminación» por el empleo de la lengua autóctona en el ámbito público y privado. De acuerdo con el decreto que regula su funcionamiento, el nuevo organismo, que depende de la conselleria de Educación dirigida por Vicent Marzà y no supondrá un aumento del presupuesto, tiene como objeto «proporcionar apoyo y consejo a la ciudadanía para canalizar las reclamaciones, sugerencias y consultas motivadas por posibles vulneraciones de los derechos lingüísticos y tratar de erradicarlas».

Ante una reclamación fundamentada, la ODL podría iniciar un expediente informativo, que afectará al ámbito privado, para averiguar los hechos denunciados y se compromete en el plazo máximo de un mes a dar una contestación en la que figure la respuesta del organismo administrativo o el particular responsable del «agravio». El Gobierno autonómico sostiene que «las numerosas deficiencias lingüísticas que presentan tanto la práctica administrativa como las relaciones privadas hacen que la oficialidad formal [de la lengua valenciana] no se corresponda con la realidad social, con la consecuencia directa de que muy a menudo la ciudadanía no puede hacer uso de su opción lingüística». «Además -continúa el decreto- y por ser lo más preocupante, no se pueden obviar las muestras de hostilidad o de discriminación grave hacia las personas que se expresan en valenciano por razón de su lengua».

Para la Generalitat, «este contexto de desequilibrio lingüístico se ve reflejado en las reclamaciones que anualmente registran y tramitan determinadas instituciones de carácter público, pero también en las recogidas por varias entidades cívicas que igualmente se hacen eco y que llevan a cabo una tarea informativa y de asesoramiento jurídico a las personas que sufren un agravio por usar su lengua».

El texto publicado el pasado martes en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) , recalca que la «ODL no tiene carácter sancionador y que en consecuencia no puede aplicar ninguna medida de este tipo». Según explica el decreto, «el reto que se plantea es que el reconocimiento legal del derecho a utilizar la lengua propia de los valencianos y de las valencianas pase a ser un reconocimiento social de hecho».

María José Ferrer San-Segundo ABC

Al respecto, el decreto es aplicable a la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental; las entidades que integran la Administración local y sus organismos ; a la Administración del Estado y los organismos que dependen de ésta con sede en la Comunidad Valenciana, incluída la Justicia; y las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada.

Según argumenta el decreto, «actualmente, en nuestro territorio y de manera frecuente, los derechos lingüísticos de la ciudadanía se ven sometidos a condiciones de vulnerabilidad cuando aquella emplea el valenciano en contextos diversos, tanto en las relaciones con la Administración local, autonómica o del Estado , como también en las relaciones privadas».

Entre las funciones del organismo se encuentran las de «recoger y tramitar las reclamaciones sobre vulneración de derechos lingüísticos y las sugerencias relacionadas con la tutela de estos derechos que presente la ciudadanía, y responder a ellas». Además, prevé que pueda actuar de oficio, «cuando considere que determinados hechos vulneran los derechos lingüísticos de la ciudadanía» , así como «a instancias de cualquier persona física o jurídica que presente una reclamación».

Al no disponer de capacidad sancionadora , «ni ser ésta su finalidad», cuando la ODL «tenga conocimiento de que se ha producido un hecho o acontecimiento que vulnera los derechos lingüísticos de la ciudadanía, se pondrá en contacto con el órgano de la Administración o con la persona física o jurídica de que se trate para obtener la información necesaria y ofrecer así el asesoramiento que corresponda para garantizar la aplicación de los derechos que amparan a la ciudadanía en el uso de las lenguas oficiales».

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