POLÍTICA
Una gestora refundará el PP de Valencia tras la imputación de su grupo municipal
La dirección regional acuerda con Génova renovar la estructura heredera de Barberá
El Partido Popular refundará la formación en Valencia con la constitución de una gestora tras la imputación masiva de los concejales de su grupo municipal (con una única excepción) en la causa que investiga la «organización criminal» que desde hace quince años operaba infiltrada en las Administraciones públicas.
La operación Taula investiga el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas, el blanqueo de capitales y la financiación irregular de la última campaña electoral con los fondos obtenidos a través de las mordidas , que los agentes y la Fiscalía creen que se situaban en entorno del tres por ciento.
La decisión de crear una gestora ha partido de la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig , con el beneplácito de Génova y supone poner el punto y final a una etapa de veinticinco años en los que la formación, bajo el liderazgo Rita Barberá, amasó seis mayorías absolutas y logró ser la formación más votada en las elecciones municipales del pasado mes de mayo.
Campaña de mayo
La investigación abierta por el juzgado de instrucción número dieciocho de Valencia apunta precisamente a la campaña de aquellos comicios , en los que pese a ser la lista más votada, el PP no logró retener la alcaldía. Una circunstancia que supuso la marcha de Barberá al Senado y que la formación careciera de una cabeza visible en la tercera capital de España.
En este contexto, la imputación masiva de cargos del partido ha precipitado la refundación que ya diseña Bonig de la mano de la dirección nacional y que cristalizará en una gestora en los próximos días.
Con todo, fuentes del PP admiten la dificultad de encontrar perfiles adecuados para tomar las riendas de la formación en la ciudad, toda vez que la estructura del partido y la del grupo municipal están íntimamente ligadas. Más allá de la gestora, la dirección regional trabaja con un plan a cuatro años vista con el objetivo de encontrar un relevo a Rita Barberá (que encabezó la candidatura al ayuntamiento desde las elecciones de 1991 a las de 2015).
La propia exalcaldesa, en declaraciones a la Cope , aseguraba ayer que no había adjudicado un contrato a dedo en su vida: « Ni puede, ni ha habido ni una mordida, ni un amaño ni nada» en el Ayuntamiento de Valencia. «Nuestro equipo de gobierno -añadió- quisimos que tuviera una naturaleza fundamentalmente técnica» y «a los funcionarios hay que respetarles su honorabilidad», defendió.
La ciudad de Valencia representa el 23 por ciento de la masa electoral de la Comunidad Valenciana, por lo que resulta clave para que el PP pueda recuperar la Generalitat. Además, la capital del Turia se ha convertido en el fortín de los nacionalistas de Compromís , principal rival de los populares ante la caída libre del PSPV, que ha capitalizado las críticas por los casos de corrupción, reactivadas con el estallido de la operación Taula. De hecho, los agentes de la Unidad de Crimen Organizado (UCO) y la Fiscalía Anticorrupción creen que el grupo municipal del PP obligó a sus cargos y militantes a abonar mil euro s (hasta un total de 50.000) que posteriormente fueron reintegrados con dinero negro para dar salida a las comisiones entregadas por empresas.
Al menos cuatro exasesores del grupo municipal (Nuria Diego, Arantxa Martí, Patricia Iserte y Jesús Gordillo) rechazaron aceptar ese ofrecimiento, pese a que existían amenazas y presiones en el ámbito laboral. De hecho, no continuaron tras las elecciones. Además, fuentes citadas por Ep aseguran que hubo compañeros que fueron «engañados» y no se les explicó bien lo que se pedía.
Esa versión apunta a la secretaria del grupo popular, María del Carmen García Fuster -detenida en la operación Taula y puesta en libertad bajo fianza en contra del criterio del fiscal - aunque no siempre era ella personalmente quien realizaba las llamadas y proposiciones.
Declaración ante la UCO
Ayer, más de una veintena de cargos y militantes del PP prestaron declaración ante los agentes de la UCO. Todos ellos figuran como investigados (el término con el que se denomina ahora la imputación judicial) y en los próximos días pasarán a disposición judicial.
El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia aseguró ayer a través de un comunicado que sus miembros «jamás» han cometido «ningún acto ilícito» , a la vez que afirmaron que «siempre» han actuado «con total y absoluta honradez».
Los ediles sostienen que no se les investiga por cobrar comisiones ni adjudicar contratos» y se desmarcan de la relación con la trama de corrupción destapada en la Diputación de Valencia, a través de la empresa pública Imelsa, que dio origen a la investigación que se ha saldado hasta el momento con la detención de 24 personas , entre ellas la ya exsecretaria del grupo municipal en el ayuntamiento.
Además, el todavía presidente local y portavoz hasta esta semana, Alfonso Novo , deberá comparecer el miércoles por un presunto delito de blanqueo de capitales por estar (junto a otra persona que también declarará como investigada) autorizado para disponer de la cuenta de la agrupación local del PP.
El PP ya había suspendido de militancia a Novo y había acordado su relevo en la portavocía, que en el pleno de este jueves asumió María Àngels Ramón-Llin. La imputación de esta junto al resto de concejales (salvo Eusebio Monzó) ha marcado un punto de inflexión que, de acuerdo con fuentes populares, «no tiene retorno».
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