Política

El PP acusa al Consell de crear un «estado de inmersión vigilada» con «comisarios lingüísticos»

Los populares denuncian que se está copiando el modelo de inmersión catalana

Imagen de la diputada del PP María José Ferrer San-Segundo
Imagen de la diputada del PP María José Ferrer San-Segundo - MIKEL PONCE

La portavoz de justicia del grupo popular en las Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha denunciado que el Consell "crea comisarios lingüísticos que van a poder, tanto en el ámbito público como en el privado, decidir en qué idioma hablamos y cómo hablamos" con una Oficina de Derechos Lingüísticos que provocará "un estado de inmersión lingüística vigilada".

La diputada ha presentado este jueves las alegaciones contra el proyecto de decreto del Consell por el que se crea la Oficina de Derechos Lingüísticos, que ha rechazado advirtiendo que el Ejecutivo "quiere controlar hasta qué idioma hablamos en la intimidad y no sólo cuál, sino cómo lo hablamos, y nos castigará si no es botánicamente correcto".

Ferrer San-Segundo ha señalado que "a este paso lo siguiente será instaurar la policía del pensamiento, donde el Gran Hermano Marzà, con la claudicación de la consellera Bravo en el ámbito de la función pública, nos corregirá en qué idioma debemos pensar o soñar".

La diputada ha manifestado en rueda de prensa que "el valenciano debe ser protegido y potenciado, pero la libertad y la no discriminación, también. Los derechos son de las personas, la libertad a expresarse en una lengua u otra, también, y sin duda ninguna, también en los ámbitos privados".

"Además, se está copiando el modelo de inmersión catalana, que la experiencia demuestra que no ha llevado a una convivencia pacífica de lenguas, sino a la imposición y la división", ha proseguido.

Ferrer San-Segundo ha desgranado el decreto asegurando que "en el preámbulo hay imprecisiones y exageraciones sobre la vulnerabilidad de los derechos lingüísticos que deberían suprimirse" y "tampoco se incluye en ningún momento ni se hace mención de las dos lenguas oficiales en la Comunitat", al tiempo que "invade competencias de otras administraciones, estatal y local, sobre las que el texto del decreto impone exigencias".

"Extiende el ámbito de actuación a las personas en los ámbitos privados. La oficina lingüística de la Generalitat podrá denunciar, adoptar medidas y respuestas para corregir a personas particulares en su ámbito privado, como una policía del pensamiento. Es el espíritu del Gran hermano de Marzà, un comisario lingüístico que nos vigilará cómo hablamos", ha explicado.

No obstante, ha matizado que "hay una falta de tipificación de las conductas: no se sabe qué es infracción ni qué conducta supone vulneración de derechos lingüísticos. Los principios de tipicidad y seguridad jurídica exigen describir las conductas sobre las que pueda imponerse corrección, imposición o cualquier tipo de efecto restrictivo o sancionador. Los derechos a proteger son tanto los de las personas que se expresan en valenciano como los de las que lo hacen en castellano, sin que pueda prevalecer ninguno de ellos, porque ambos son derechos personales".

A su juicio, esta es "una nueva vía para aumentar los chiringuitos y enchufados porque tampoco se señala en el decreto requisitos o perfiles" y con este decreto "se infringe el Estatut, que prohíbe discriminación por razón de lengua, en la que se incluye tanto el valenciano como el castellano: impone una superioridad de aquel, y, por tanto, de unos ciudadanos sobre otros incluso en los conflictos privados en los casos que cada uno de ellas opte por utilizar uno de los dos idiomas oficiales distinto al elegido por el otro".

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