Beatriz Corredor, en una imagen de archivo
Beatriz Corredor, en una imagen de archivo - ABC
Financiación irregular

Un perito ratifica ante la juez las incoherencias del contrato de Vivienda con la agencia del PSPV

El gerente de Crespo Gomar no comparece por un error en la citación

VALENCIAActualizado:

El perito que calificó de "incoherente e imposible" la adjudicación del contrato de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2012 a la empresa Crespo Gomar --investigada por la presunta financiación irregular del PSOE valenciano (PSPV)-- ha ratificado este martes su informe ante la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, y ha insistido en las irregularidades detectadas.

Según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración a Europa Press, el perito ha vuelto a cuestionar, esta vez ante la magistrada, la licitud del contrato público de publicidad concedido por el Ministerio de Vivienda cuando era dirigido por Beatriz Corredor por el importe de 126.208 euros.

Sin embargo, estas afirmaciones han sido desmentidas por el exsubsecretario del Ministerio de Vivienda y expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer, que también ha declarado este martes y ha negado cualquier irregularidad en esta adjudicación.

El informe pericial que hoy ha sido ratificado fue entregado al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que comenzó a investigar la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- entre los años 2007 y 2011. Este documento señalaba que el representante de la Abogacía del Estado dio poder para formalizar la adjudicación el 5 de enero de 2009, mientras que en el contrato se dice que este trámite tiene fecha del 29 de diciembre de 2008 y que el plazo de ejecución finalizaba el día 31 del mismo mes.

«Imprevisión» con la licitación

También cuestionaba que el director del gabinete de Corredor, Nicolás Mateos, que redactó o firmó el Pliego de Prescripciones técnicas para la realización de la creatividad de la publicidad, declarase la licitación como "urgente". "Más que una urgencia parece una imprevisión", decía el informe, porque no prevé la duración del mismo y sólo se indica que debía ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2008 y añade que el informe del Interventor Delegado en el Ministerio señaló que no se cumplía la motivación requerida por la ley en casos de urgencia.

Precisamente, Mateos ha declarado también este martes como investigado por los presuntos delitos de malversación y/o prevaricación y ha dicho ante la juez que su única participación en esta adjudicación fue en la suscripción de dicho pliego y que por ello no puede ofrecer más detalles sobre la contratación, han apuntado las fuentes consultadas.

Por otro lado, estaba citado el gerente de la empresa Crespo Gomar, Alberto Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía, pero finalmente no ha comparecido ante la magistrada debido a un error en la notificación de la citación.

No había plan de medios

Quienes sí se han presentado en el juzgado de instrucción han sido la que fuera jefa de prensa de Beatriz Corredor, Eva Cuesta, y el ex subsecretario del Ministerio y expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer. Según las mismas fuentes, Cuesta ha indicado que en el momento de la adjudicación ella estaba de baja por maternidad, pero ha precisado que en el expediente de contratación no constaba un plan de medios específico en relación a que la campaña de publicidad saliese el día 1 de enero de 2009.

En cuanto a Vaquer, ha defendido la legalidad de todo el proceso y el expediente de contratación que se llevó a cabo. La juez explicó en un auto que el exsubsecretario del Ministerio de Vivienda, entre otras actuaciones, suscribió el Informe de insuficiencia de medios y firmó junto a Eva Cuesta el contrato de adjudicación de fecha de 29 de diciembre, el acta de recepción del 30, y el certificado de conformidad con la factura y contabilidad de la misma.

Por otro lado, indica que Cuesta fue convocada como vocal a las Juntas de la Mesa de Contratación del 27 de noviembre y a las tres que hubo en diciembre, a las que no compareció. Estas tres personas que formaron parte del equipo de Beatriz Corredor están siendo defendidas por la Abogacía del Estado.