El exministro de Sanidad,Bernat Soria, junto a Etelvina Andreu en Alicante
El exministro de Sanidad,Bernat Soria, junto a Etelvina Andreu en Alicante - JUAN CARLOS SOLER
Presunta financiación irregular de los socialistas

Exaltos cargos de Zapatero imputados piden que les defienda la Abogacía del Estado

Las juezas de Madrid suspenden varias declaraciones de imputados por los contratos con la agencia del PSPV

VALENCIAActualizado:

El juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha decidido suspender temporalmente la primera ronda de declaraciones prevista para los próximos días por las presuntas irregularidades detectadas en el contrato de 184.138 euros suscrito por el Ministerio de Sanidad con Crespo Gomar, la empresa investigada como el epicentro de la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE y el Bloc en 2007.

Entre los imputados que no comparecerán finalmente -a la espera de nueva fecha- se encuentra la exdirectora general de Consumo y anteriormente candidata a la Alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu, quien precisamente solicitó la suspensión porque no tiene conocimiento de los hechos de los que se le responsabiliza. Igualmente, pidió que el interrogatorio tenga lugar por videoconferencia desde Valencia, en lugar de trasladarse a Madrid.

En esta terna figuraban también Consuelo Sánchez Naranjo, quien fue subsecretaria de Sanidad y Consumo, además de varios medios de la Mesa de Contratación, cuyas citaciones estaban inicialmente señaladas para el 21, 24 y 30 de mayo.

Algunos de ellos han solicitado ser defendidos por la Abogacía del Estado. Una petición que ha realizado igualmente el subsecretario del Ministerio de Vivienda cuando dirigía dicho departamento la socialista Beatriz Corredor, Marcos Vaquer. Éste se encuentra imputado en la causa que lleva el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, que indaga en otro de los contratos de la Administración de José Luis Rodríguez Zapatero con Crespo Gomar. Concretamente, una adjudicación por 126.208 euros.

Al respecto, la juez ha remitido esta cuestión a la Fiscalía para que informe sobre la procedencia de aceptarla.

El que fuera también expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) fue citado a declarar como investigado por los delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos el pasado viernes 11 de mayo, después de que la magistrada interrogase a tres funcionarios del Ministerio de Vivienda integrantes de la Mesa de Contratación que señalaron que los errores que aparecen en el expediente -y que según un informe pericial hace que sea «incoherente»-, son en realidad «fallos de redacción».

Por esta adjudicación también han sido imputados el jefe de Gabinete de la exministra de Vivienda, Nicolás Mateos; la que fuera jefa de prensa del Ministerio, Eva Cuesta; la que ejerció como abogada de Estado del Ministerio de Vivienda y exsubsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, además de Eva Santiago, Pedro Plasencia, Rita Lorite y Andrés Lara. Las declaraciones de estas personas están fijadas para los días 21 y 30 de mayo.