Imagen del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tomada este jueves en las Cortes Valencianas
Imagen del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tomada este jueves en las Cortes Valencianas - EFE
Tribunales

Un juez multa a Ximo Puig por una sentencia firme que no ha ejecutado la Generalitat

El jefe del Consell deberá responder con su propio patrimonio como máximo responsable de la Administración autonómica,

VALE NCIAActualizado:

Un juez de Alicante ha impuesto una multa de 150 euros al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de la que deberá responder con su propio patrimonio como máximo responsable de la Administración autonómica, al no haber atendido ésta a sus requerimientos para que ejecute una sentencia firme.

El auto que establece esta sanción, al que ha tenido acceso Efe, fue dictado ayer mismo, 23 de mayo, por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante, José María Magán, y advierte de futuras multas "coercitivas" si el Consell sigue sin ejecutar el fallo.

Los hechos se remontan a 2014, cuando el propio magistrado estimó el recurso de una trabajadora de la Conselleria de Sanidad contra la negativa del gerente del área de salud de Alicante-Hospital General al complemento salarial derivado por la carrera profesional por ser interina.

El fallo consideraba discriminatoria esta medida respecto a los funcionarios y obligaba a la Administración valenciana a pagar a la recurrente las diferencias salariales que dejó de percibir por este plus, más los intereses legales correspondientes.

Esa sentencia fue confirmada en marzo del pasado año por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y devino firme, ya que el Consell no la recurrió ante el Tribunal Supremo.

El juez Magán acordó la ejecución "forzosa" de la resolución y envió tres requerimientos, entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, a la Generalitat que no han sido atendidos.

"La Administración guardó el más absoluto silencio sobre el estado de la ejecución", afirma el magistrado en el auto, y también cuando reclamó que se identificasen a las personas concretas responsables de dar cumplimiento a la sentencia.

Esa situación, tres requerimientos desatendidos en ocho meses, ha llevado a Magán a aplicar un artículo de la ley que le permite "imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o de la sala".

La multa se impone, "en atención al principio de personalidad jurídica única", al "muy honorable presidente de la Generalitat Valenciana, por ser el máximo responsable de la Administración ejecutada", según el auto.

Al tratarse de la "primera multa coercitiva", la cuantía fijada es de 150 euros, pero dicha cantidad se duplicará y alcanzará los 300 euros dentro de un mes, con una segunda sanción, "si no constase la ejecución de la sentencia".

El precedente de Alberto Fabra

El magistrado cita en su resolución un precedente de una sanción similar dictada por él mismo contra el entonces jefe del Consell valenciano en noviembre de 2013, Alberto Fabra, en otro litigio que afectaba a la Conselleria de Sanidad.

"La cuestión no es baladí porque las multas coercitivas previstas en la ley están previstas para que sean abonadas con cargo al patrimonio personal y propio del multado, no con dinero público, ya que en caso de abonarse las mismas con dinero público podría deducirse testimonio al Ministerio Fiscal por malversación de fondos", advierte a continuación.

A la primer multa le seguirán otras con cantidades que se verán "incrementadas en progresión aritmética (cada multa posterior lo será por el doble del anterior), dentro de los límites legales, hasta que se acredite el total cumplimiento de la ejecución forzosa de sentencia firme".

Fuentes de la Generalitat consultadas por Efe han aplazado pronunciarse hasta conocer el contenido del auto judicial, al que aún no han tenido acceso.