Alfonso Grau, en la Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo
Alfonso Grau, en la Ciudad de la Justicia, en una imagen de archivo - ROBER SOLSONA
Caso Taula

El juez imputa al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y a la tesorera del PP por financiación irregular

El exnúmero dos de Rita Barberá y Carmen Navarro tendrán que declarar ante el juez el próximo octubre por presunto delito electoral en 2007

VALENCIAActualizado:

Alfonso Grau tendrá que volver a declarar como imputado en el caso Taula. El juez Víctor Gómez ha citado como investigado al exvicealcalde de Valencia para el próximo 6 de octubre por malversación, cohecho y un presunto delito electoral continuado en el PP de la ciudad en el año 2007.

Según un auto comunicado este jueves a las partes, también tendrán que declarar como investigados el día 16 del mismo mes la actual tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, y el exgerente provincial del PP de Valencia, José Antonio Moscardó. El 6, junto a Grau, lo hará el exconcejal en el Ayuntamiento de la ciudad Juan Eduardo Santón Moreno.

Estas nuevas citaciones se producen en el marco de la subpieza del caso relativa a la financiación del PP de Valencia en la campaña de 2007, que trata de determinar un presunto delito electoral continuado que también se habría producido en los siguientes comicios de 2011 y 2015 (en los que igualmente venció Rita Barberá). A su vez, tendría relación directa con el supuesto blanqueo de capitales en el seno del grupo municipal por el que medio centenar de concejales y asesores se encuentran imputados al haber realizado donaciones de mil euros para las campañas que les habrían sido devueltas en dos billetes de 500.

El último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al juzgado arroja como principal conclusión que el PP recibió dinero de forma ilegal para la campaña de 2007 con Alfonso Grau y el administrador de la empresa de comunicación Laterne, Vicente Sáez Tormo -fallecido-, como responsables claves.

Esta mecánica se habría llevado a cabo a través de contratos suscritos con Laterne, la cual habría servido para recoger aportaciones económicas por parte de empresas, fundaciones y asociaciones que sufragaran la campaña ya desde 2006. El coste oficial de los gastos era de 150.000 euros, mientras en los escritos de la propia empresa el total aumenta hasta los casi tres millones de euros.

El exvicealcalde de Valencia habría gestionado la contratación con Laterne, pero también habría supervisado todos los trabajos. A él se apunta nuevamente como el recaudador de este dinero irregular.

En el auto, el juez también pide recabar datos de las empresas que habrían realizado aportaciones y oficia a la UCO para que realice un informe complementario sobre analogías entre esta operativa y la usada en la campaña de 2011, en la que se llevó a cabo un mecanismo similar, pero esta vez con la agencia Trasgos.