Política
El Gobierno de Zapatero contrató a la empresa de la trama del PSPV frente a mejores ofertas económicas
Consumo dio la mayor valoración técnica a Crespo Gomar por su creatividad en la licitación de una campaña en la etapa de Etelvina Andreu
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó un contrato de 200.000 euros a Crespo Gomar, la empresa investigada como el epicentro de la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE y el Bloc entre los años 2007 y 2011, primando la valoración de las propuestas «creativas» a pesar de que su propuesta económica no se encontraba entre las nueve mejores de las diecisiete firmas que optaron a la licitación, de acuerdo con la resolución del concurso a la que ha tenido acceso ABC.
El contrato para la creatividad y producción de institucional del Ministerio de Sanidad para la promoción de un «consumo responsable, seguro y solidario ante las compras de Navidad» fue adjudicado a Crespo Gomar S. L. el 18 de noviembre de 2008. En aquel momento la directora general de Consumo era Etelvina Andreu, quien en las elecciones municipales del año anterior había sido la candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Alicante . Crespo Gomar -una empresa de comunicación y marketing extinguida en 2011- fue la empresa encargada de su campaña electoral.
En mayo de 2010, el grupo popular en el Congreso registró una pregunta escrita dirigida al Gobierno en la que solicitaba saber si Andreu había tenido «contactos con algún miembro de la empresa Crespo Gomar S. L. previos a la adjudicación de la campaña» . Las cuatro diputadas del PP que firmaron la solicitud preguntaban las «características técnicas de las ofertas que presentaron las diferentes empresas licitadores del citado contrato».
El Gobierno tardó casi un año en contestar. En concreto, el 24 de marzo de 2011 el secretario de Estado de Asuntos Consistucionales y Parlamentarios aportó la documentación solicitada por el PP. En la misma se comprueba que la empresa Crespo Gomar S. L. alcanzó la mejor puntuación, con 77,63 puntos sobre cien . La firma, que presuntamente ejerció de intermediadora de pagos en B de la campaña electoral del PSPV-PSOE y Bloc en 2007, se hizo con el contrato público a pesar de que nueve de las empresas que optaban al concurso había presentado una mejor oferta económica. La empresa valenciana sumó una valoración de 30,83 frente a los 51 (la puntuación máxima) que cosechó Thinking Forward Spain S. L.
Por contra, Crespo Gomar obtuvo la mejor valoración técnica con 46,8 puntos sobre un total de 49. Muy lejos del resto de licitadora (la siguiente logró 25,5 puntos), lo que propició que se alzara con el contrato. Thinking Forward Spain S. L., que tenía la mejor valoración económica obtuvo la peor puntuación en los aspectos técnicos (solo 12,4 puntos).
De acuerdo con la respuesta del Gobierno, para calibrar las propuestas creativas «se valoró la calidad de los diseños presentados, su originalidad y su adaptación a los objetivos» , donde Crespo Gomar no tuvo rival.
Los contratos que recibió la sociedad durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero se investigan en dos juzgados de Madrid. En total, se trata de siete adjudicaciones por cerca de tres millones de euros . El de mayor cuantía fue tramitada por el Ministerio de Sanidad a través de la dirección general de Consumo, dirigida por Etelvina Andreu , y superó los dos millones de euros.
Entre ellos también se encuentran dos del Ministerio de Medio Ambiente : uno de AquaMed para la campaña de la desalinizadora de Torrevieja por 600.000 euros y otro de Aguas del Júcar por 234.700 euros para un plan de comunicación sobre infraestructuras hidráulicas en 2005.
A ellos se añaden un contrato del Ministerio de Vivienda en 2008 para la difusión de los contenidos del Plan de Vivienda por 126.208 euros y el citado del departamento de Sanidad en el mismo año por 200.000 euros para promover el consumo responsable entre la población.
En plena investigación judicial, el PP ha citado a responsables de las finanzas del PSPV y Compromís a la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos en el Senado.
Cuatro juzgados investigan una presunta trama relacionada con los dos partidos que gobieran hoy la Generalitat por los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación y delito electoral -aunque este último habría prescrito-.
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