Economía
El Gobierno valenciano tumba el macroproyecto de 860 millones de euros de Puerto Mediterráneo
La Comisión de Evaluación Ambiental, en manos de Compromís, ha desestimado el informe
Puerto Mediterráneo no verá la luz. El proyecto de mayor centro comercial y de ocio en la Comunidad Valenciana (que contemplaba una inversión privada de 860 millones de euros del gigante británico Intu-Eurofund) ha sido tumbado por la Comisión de Evaluación Ambiental al desestimar el informe .
El órgano, formado por técnicos y responsables tanto de la Conselleria de Medio Ambiente (Compromís) como de la de Obras Públicas (PSPV-PSOE), está presidido por el secretario autonómico del primer departamento, Julià Álvaro, también portavoz de Els Verds. Compromís , donde se encuentra integrado su partido, se había mostrado muy reacio desde el principio con este modelo.
Ahora la decisión definitiva pasa a los socialistas desde Obras Públicas, aunque resulta prácticamente imposible que se autorizara con la memoria medioambiental en contra. La compañía tendrá que decidir, por tanto, si empieza de cero o lo descarta , aunque también estudia acudir a los tribunales.
Informes técnicos
La justificación desde el Gobierno es que existen un conjunto de aspectos del proyecto no cumplen con lo establecido en el informe de compatibilidad de 2013 . Entre los documentos técnicos desfavorables, Julià Álvaro ha destacado los relativos a accesos, tanto del Ministerio de Fomento como de la Dirección General de Movilidad, que afectan «básicamente a las carreteras CV 35 y CV 31». La propuesta de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) proyecta, ha señalado, unas franjas de protección que reducen en un 50% las medidas establecidas en el informe de compatibilidad (100 metros para la CV 35 y 50 metros para la CV 31), porque considera imprescindible la reducción para la viabilidad del proyecto. Además, ubica usos diversos en esas franjas de protección.
Puerto Mediterráneo se aparta, en opinión del secretario autonómico, del informe de compatibilidad por lo que se refiere a la modificación del cauce actual del barranco d'En Dolça. Así, se propone cambiar su trazado con un nuevo cauce que discurre por la zona de afección de la CV-35.
Igualmente, remarca el importante incremento en los niveles de contaminación atmosférica debido al aumento de desplazamientos en vehículo privado (acorde con el número de visitantes previstos) que el complejo iba a generar y, por tanto, va en contra de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático, actualmente en revisión.
Una de las mayores inversiones extranjeras
Mientras los promotores defienden que han realizado las modificaciones oportunas (sobre todo en los accesos), la Generalitat indica que son insuficientes. De hecho, antes de los nuevos informes solicitados y cuya conclusión ha sido en contra, contaban con más de 40 favorables al proyecto de organismos como el Ministerio de Fomento, la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Lo cierto es que, tras dos años de tramitación administrativa, con esta resolución cae una las mayores inversiones de capital extranjero previstas en la Comunidad . El fondo que promovía la construcción de este complejo de 300.000 metros cuadrados en la localidad de Paterna estimaba que se crearían 5.900 puestos de trabajo y que recibiría más de 20 millones de visitas anuales.
Valencia había sido elegida por Intu-Eurofund para proyectar el centro comercial más grande dentro de su plan de expansión en España. Se trataba de una réplica a mayor escala de Puerto Venecia, en Zaragoza, con 206.000 metros cuadrados de superficie y que recibe al año 19,5 millones de visitantes.
El proyecto contemplaba un gran complejo de ocio con, además de cines, restaurantes y tiendas de ropa, una pista de esquí con nieve artificial, un miniparque centrado en el juguete, una pista de patinaje sobre hielo, un rocódromo, una zona de acrobacias, una noria con proyección de imágenes e incluso un lago con olas para la práctica de surf.
Cuestión política
Pero muchas han sido las trabas desde el principio cuando llegó el nuevo Gobierno a través de un bloqueo que ha sido visto por los afectados como una cuestión estrictamente política. Tanto la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra , como el conseller de Economía, Rafael Climent (ambos de Compromís) se han mostrado públicamente en contra. Este último llegó a definirlo como «pelotazo con amiguitos».
Más discretos han sido desde el PSPV-PSOE, donde la cuestión ha llegado a enfrentarlos con la coalición. Después de que Oltra calificara el proyecto como «una barbaridad, insostenible e inviable», el alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo , le replicó: «Cada vez que me venga un ciudadano pidiendo trabajo le pagaré un taxi directo al despacho de la vicepresidenta».
Estas voces defensoras del proyecto no han impedido, sin embargo, que el PSPV haya votado junto a Compromís en la Comisión de Medio Ambiente (formada por la Conselleria de Medio Ambiente y la de Obras Públicas) para tumbarlo.
Los inversores de Puerto Mediterráneo habían llegado a firmar acuerdos con los sindicatos CCOO y UGT para la generación de empleo y también había recibido el apoyo de las patronales valencianas.
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