Imagen de Sáenz de Santamaría tomada este viernes
Imagen de Sáenz de Santamaría tomada este viernes - EFE
POLÍTICA

El Gobierno cobrará a la Generalitat la multa de 19 millones por manipular los datos del déficit

El Ejecutivo valenciano había alegado para que el Estado hiciera frente a la sanción de la UE

VALENCIAActualizado:

Las alegaciones de la Generalitat no han servido para nada. El Consejo de Ministros ha aprobado repercutir a la Comunidad Valenciana la multa de 18,9 millones de euros impuesta por Bruselas a España por la manipulación de las cifras de déficit y deuda pública de la Generalitat entre los años 1988 y 2011. El Gobierno entiende que la responsabilidad de los hechos que provocaron la multa "corresponde en exclusiva" al Ejecutivo autonómico.

El Estado español abonó la mencionada multa el pasado 28 de enero a la Comisión Europea, según ha informado este viernes el Gobierno. Al tiempo, se inició e instruyó el oportuno procedimiento de derivación de responsabilidad a la administración responsable, la Generalitat Valenciana.

Tras analizar las alegaciones de la comunidad autónoma, el Gobierno ha concluido que la responsabilidad por los hechos que dieron lugar a la multa "corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma y, en consecuencia, se establece la repercusión a ésta del pago de la multa de 18,93 millones de euros".

A esta cantidad el Gobierno suma 57.567,94 euros de intereses, los devengados desde el día que se pagó la multa, el pasado 28 de enero, hasta el acuerdo de hoy del Consejo de Ministros.

El informe de la Comisión Europea apreciaba negligencia grave porque la Intervención General del Gobierno de Valencia no registró los gastos sanitarios ni cumplió el principio de devengo en las cuentas nacionales, lo que provocó una tergiversación de los datos del déficit y la transmisión de cifras incorrectas a Eurostat en 2012, según la información del Gobierno.

La Comisión decidió reducir la cuantía de la multa al apreciar algunos aspectos como el limitado impacto en el déficit de España en su conjunto, la notificación inmediata del Estado español a Eurostat de las cifras correctas y que la incorrección fuera obra de una sola entidad, así como el "alto grado de cooperación" de las autoridades estadísticas españolas y las entidades implicadas en la investigación.