El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, esta semana en dependencias municipales
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, esta semana en dependencias municipales - JUAN CARLOS SOLER
Tribunales

El fiscal pide procesar al alcalde de Alicante por prevaricación al despedir a la cuñada del portavoz del PP

La acusación pública considera que Echávarri echó a la funcionaria interina de forma «arbitraria» como «represalia» por la denuncia de los populares del caso Comercio

ALICANTEActualizado:

La Fiscalía ha pedido a la juez que procese al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, como presunto autor de un delito de prevaricación, al considerar que despidió de forma arbitraria a una funcionaria interina por ser cuñada del portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala.

Según han informado este martes fuentes de la acusación pública, el fiscal encargado del caso, José Llor, considera que el alcalde incurrió en una "grave desviación de poder" y tomó una resolución injusta como represalia contra Barcala tras haberle denunciado por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

Sin embargo, el fiscal ha pedido en su escrito, remitido este martes al Juzgado de Instrucción 2 de Alicante, que se archive el procedimiento respecto del concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, también del PSPV-PSOE, que se encontraba investigado en esta causa, porque no aprecia dolo en su actuación.

Echávarri ya está procesado, junto a dos de sus asesores, en el denominado 'caso Comercio' en el que se le atribuye una presunta prevaricación por el supuesto fraccionamiento de 14 facturas cuando era concejal responsable de ese área por un valor conjunto de unos 144.000 euros.

Este lunes, y tras conocer que la sección segunda de la Audiencia de Alicante había confirmado su procesamiento por el 'caso Comercio', Echavarrí anunció en una comparecencia ante los medios que solo dimitirá cuando se le abra juicio oral y siempre y cuando la actual vicealcaldesa, Eva Montesinos (PSPV-PSOE), tenga los apoyos necesarios en la corporación municipal para sucederle.

Por lo que respecta al asunto de la funcionaria interina, esta fue despedida en abril del pasado año y readmitida en su puesto unas semanas después a petición del pleno del ayuntamiento.

El alcalde sostiene que el despido fue legal porque su situación laboral suponía un "fraude de ley", al desempeñar funciones diferentes a las que habían motivado su contratación sin cargo a plaza.

Echávarri ha negado tanto en fiscalía como en el juzgado de Instrucción 2 de Alicante que esta decisión respondiera a una venganza personal contra el portavoz del grupo popular por haberle denunciado en el 'caso Comercio'.

No obstante, el cese de la trabajadora, que está adscrita a la Concejalía de Cultura y desarrolla su labor en un centro expositivo de la ciudad, se produjo días después de que Barcala presentara dicha denuncia. Y el propio alcalde anunció sus intenciones de echarla en Facebook, aunque después retiró el comentario.

El fiscal considera ahora en su escrito que el alcalde "puso en marcha todos los mecanismos del ayuntamiento" para asegurar su "finalidad", que no era otra que una "represalia" por la actuación del portavoz del grupo popular.

El concejal, sin culpa

El acusador califica a Giménez de "autor mediato", pues fue quien firmó el cese de la trabajadora, pero le exculpa al no apreciar mala fe en su actuación, el "dolo" que requiere la acusación por un delito de prevaricación.

En opinión del fiscal, el edil de Recursos Humanos ejecutó el despido después de que sus técnicos le comunicasen que había una "base legal" para acordarlo, así como por la "confianza" que le merecía el propio alcalde, quien enmarcaba la decisión en un proceso general de regularización del personal interino del consistorio.

La juez que instruye esta causa, Patricia Romero, ha recibido ya la petición del Ministerio Público y deberá decidir mediante un auto en los próximos días si procesa al alcalde o accede a su petición de archivo.

El delito que la fiscalía atribuye provisionalmente a Echávarri es el de prevaricación administrativa, el mismo por el que está procesado en el 'caso Comercio', y no comporta penas de prisión, pero sí de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.