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Caso Taula

Ejecutivos de la firma encargada de la campaña del PP en 2007 reconocen que no existía límite de gasto

Una empleada de Laterne asegura que facturó 20.000 euros a Génova

La contabilidad de la empresa recoge un ingreso en efectivo de 400.000 euros antes de las elecciones

Documento de los gastos de campaña en la contabilidad de Laterne ABC
Rosana B. Crespo

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La campaña electoral del PP de Valencia de 2007 se llevó a cabo sin límite de gasto ni presupuesto puesto que se iban aprobando ampliaciones «siempre que pudiesen ser beneficiosas para la campaña». Se trata del testimonio de algunos ejecutivos de Laterne Product Council (LPC), la empresa de comunicación contratada para estas elecciones, que constan en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juzgado que instruye la subpieza relativa a las aportaciones encubiertas que habrían realizado empresas, fundaciones y asociaciones a la firma para sufragar los comicios. El coste oficial de los gastos electorales era de 150.000 euros, mientras en los escritos de la propia empresa el total aumenta hasta los tres millones de euros (superando, si se demuestra, veinte veces lo establecido).

Uno de los responsables de cuentas de la firma sostiene que la previsión de gastos para la campaña «estaría entre 1 millón y 2 millones de euros ». Sobre el documento del coste electoral de campaña donde consta una facturación por importe de 2,5 millones, el ejecutivo asegura en su declaración que esos gastos, que reconoce como ejecutados, le parecen «coherentes», aunque desconocía las supuestas donaciones por parte de las entidades investigadas.

Las sospechas se centran en la Fundación Turismo Valencia, Feria Valencia, Fundación para la Innovación Urbana, Fundación Valenciana de la Calidad y Centro de Estrategias y Desarrollo pudieron haberse hecho cargo de las deudas del partido con Laterne. Las investigaciones también se dirigen a las empresas Lubasa, Nou Litoral, FCC, Sociedad Agricultores de la Vega, Contratas Prieto, Construcciones Nagres, Secopsa, Balestesa Valencia, PKL Real Estate, Urbana Ducat, Pavasal, BSB Publicidad, Marina Clara, Xilxes Golf Resort, Construcciones Luján, Prodese Edival, Agora Patrimonial, Edificaciones Prieto, Inmotec, Rover Alcisa o Aprico, muchas de ellas adjudicatarias del consistorio valenciano.

En cuanto al contrato de 150.000 euros manifiesta que le «extraña», ya que un año antes de las elecciones ya se mantenían reuniones en las que se hablaba sobre el presupuesto, «que ya en esas fechas rondaba el millón de euros ».

El ejecutivo no recuerda ninguna relación de servicios con las empresas que supuestamente realizaron las aportaciones, aunque sí admite que se produjeron reuniones con Secopsa, Pavasal, Sav y Lubasa para construir la filial de Laterne Product Management Council (PMC) y dedicarse a hacer varios proyectos de promoción de la ciudad que «normalmente implicaban algún trabajo de construcción».

Este testimonio se complementa con el de otra ejecutiva de la empresa, quien afirma que para la contratación de publicidad en medios de comunicación ella era conocedora de que tenían un presupuesto de un millón de euros, aunque no contaba con acceso directo a los documentos de contabilidad de gastos. También mantiene que «se superó ese límite» de dinero porque «hubo presión en los últimos momentos de la campaña, pareciendo que no querían escatimar en medios a fin de ganar».

Otros han relatado que en algunos eventos concretos se contó incluso con el apoyo de Orange Market (empresa cuyos principales responsables han sido condenados en el caso Gürtel).

Una de las situaciones más llamativas es la de un fotógrafo autónomo que fue contratado por Laterne en 2007 para actos relacionados con la campaña del PP y que testificó que parte de su trabajo se le pagó directamente en la sede del PP de València en metálico y sin IVA sacando el dinero de una «caja de caudales» del Ayuntamiento .

Facturas falsas

Más allá de haber superado el techo de gasto, los trabajadores de Laterne dejan otras declaraciones de interés ante la Guardia Civil. Una de ellas es la de la exresponsable de administración y personal, quien apunta que emitió una factura al PP nacional, con sede en Génova, por 20.000 euros en concepto de trabajos relacionados con la citada campaña. Esta empleada explica que fue su superior Jesús Gordillo (exasesor de Grau) quien dio indicaciones para suprimir las referencias al PP o la campaña en facturas giradas a proveedores, con los cuales hubo problemas para pagarles.

La contabilidad de Laterne recoge también movimientos como ingresos en efectivo de 400.000 euros entre el 17 y el 30 de abril y pagos por 319.503 euros entre el 30 de abril y el 5 de mayo. Una cantidad que para la directora financiera de la empresa es «totalmente atípica» porque la caja se utiliza para afrontar pequeñas cantidades.

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