Pleno autonómico
Las Cortes Valencianas aprueban una ley para evitar las «puertas giratorias»
La nueva normativa, rechazada únicamente por le PP, prohíbe que los altos cargos puedan percibir más de una remuneración
Las Cortes Valencianas han aprobado en el pleno celebrado hoy miércoles la ley sobre incompatibilidades y conflictos de interés de los cargos públicos no electos. Planteada por Compromís, la nueva normativa prohíbe que los altos cargos puedan percibir más de una remuneración y busca evitar las "puertas giratorias". Ha sido aprobada con el rechazo del PP, que cree que no será efectiva dicha ley, y el voto a favor del resto de grupos.
Tras su paso por la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat -en la que se aprobaron 43 enmiendas parciales, 13 transaccionales y se retiraron 43-, en el pleno se han aprobado 22 enmiendas y se ha dado luz verde a esta ley con 63 votos a favor y 28 en contra.
Según esta ley, el ejercicio de un alto cargo debe desarrollarse en el régimen de dedicación "absoluta y exclusiva", por lo que es incompatible con cualquier otro cargo o profesión retribuidos, excluida la docencia y puestos similares, siempre que la retribución que reciba no supere el 30 por ciento del salario que percibe como alto cargo.
No obstante, los altos cargos podrán compatibilizar su función con la de parlamentarios , pero no podrán percibir retribución por cualquier otro concepto que pudiera corresponderle por su dedicación de diputado.
La norma también señala que durante los tres años siguientes de su cese los consellers y secretarios autonómicos no podrán formar parte de órganos colegiados en empresas o sociedades privadas relacionadas con las competencias que ocuparon en el ámbito de la Generalitat. Este plazo será de dos años para el resto de cargos afectados.
Asimismo, se crea el Registro de Control de Conflictos de Intereses, que incluirá datos sobre actividades, bienes y patrimonio de las personas que ejerzan un cargo público.
Acabar con el «vacío legal»
La diputada de Compromís Isaura Navarro ha destacado que "no es fácil encontrar un equilibro entre regular los conflictos de intereses y garantizar el derecho al trabajo". Con esta ley, "queremos acabar con un vacío legal y un ejercicio de regeneración democrática", ha subrayado.
Asimismo, la parlamentaria socialista Clara Tirado ha destacado que se trata de una iniciativa puede ser "polémica", pero "necesaria y oportuna para dar respuesta a las expectativas de una ciudadanía que manifiesta su rechazo ante conflictos de interés, puertas giratorias y falta de transparencia". A su juicio, esta ley "es un signo para avanzar en el blindaje de la administración ante posibles prácticas políticas".
Por su parte, el diputado del PP Alfredo Castelló considera que "al final ha salido una mala ley", que cree será "un fracaso". Para Castelló, los ocho meses en los que se ha tramitado la norma han sido "de rebajas, del miedo, del chantaje, de chapuzas y del ridículo".
«No se resuelve nada»
Para el parlamentario 'popular', con esta ley "no se resuelve nada" y, además, entiende que "no es que no acabe con las puertas giratorias sino que las fomenta directamente al poner muy complicada la reincorporación a la propia empresa en la que se trabajaba y en a otro tipo de empresa privada". En opinión de Castellón, "no mejora casi nada y perjudica mucho el acceso del sector privado a la política".
Por parte de Ciudadanos (C's), Juan Córdoba cree que la regulación de esta ley también debería afectar a los diputados. Para Córdoba, la redacción inicial de la proposición de ley planteaba "luces y sombras", pero cree que se ha mejorado mucho gracias a las enmiendas incorporadas.
«Corrupción legal encubierta»
Desde Podemos, Fabiola Meco ha señalado que se trata de una norma "necesaria y oportuna en un contexto marcado por la desconfianza hacia la clase política". Por ello, cree necesario evitar las "puertas giratorias" y "la corrupción legal encubierta y en diferido".
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