Hazte premium Hazte premium

Tribunales

Segundo juicio a la vista para el exalcalde socialista de Alicante, por despedir a una funcionaria

Echávarri se sentará en el banquillo con otra petición fiscal de diez años de inhabilitación

Gabriel Echávarri, durante uno de sus últimos plenos municipales como alcalde de Alicante JUAN CARLOS SOLER

ABC

El exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri se sentará con toda seguridad en el banquillo en un nuevo juicio acusado de prevaricación por despedir a una funcionaria interina que es cuñada del entonces portavoz municipal del PP y hoy alcalde, Luis Barcala. La Audiencia de Alicante ha confirmado su procesamiento por este presunto delito.

Echávarri también está pendiente de conocer la fecha de la vista oral que se celebrará en la sección tercera de la Audiencia contra él y dos de sus antiguos asesores por, presuntamente, fraccionar contratos en la Concejalía de Comercio.

Su doble procesamiento le llevó a dimitir el pasado 9 de abril , lo que permitió que el PP recuperara el gobierno local como lista más votada en las últimas elecciones, tras la investidura frustrada de la candidata socialista, Eva Montesinos.

Para los magistrados, hay una serie de indicios que apuntan a que en el despido de la funcionaria, Catalina Rodríguez, subyacen "motivaciones de exclusivo carácter personal y vindicativas por actuaciones previas realizadas por otro miembro de la corporación local en el ejercicio de sus derechos".

La sala se refiere así a la denuncia que el propio Barcala había presentado contra el entonces alcalde en Fiscalía por el presunto fraccionamiento de contratos en Comercio y concluye que la decisión del despido "tiene apariencia de arbitrariedad".

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Alicante, Patricia Romero, decretó el pasado mes de marzo la apertura de un procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) por esta causa.

La magistrada sostiene que el entonces alcalde carecía de "competencias" para ordenar el despido y tampoco justificó sus causas, pues en realidad pretendía llevar a cabo una "represalia " contra Barcala por su denuncia.

De hecho solo despidió a esta trabajadora, que fue readmitida a instancias del pleno unas semanas después, pese a que había otros 47 funcionarios interinos sin cargo a plaza trabajando en el ayuntamiento en esos momentos, tres de ellos en su misma situación.

Defiende la legalidad

Echávarri sostiene que el despido fue legal porque la situación laboral de Catalina Rodríguez suponía un "fraude de ley", al tiempo que ha negado durante la instrucción judicial que la decisión respondiera a una venganza contra Barcala.

Por el contrario, la juez Romero considera que el decreto de ese despido obedecía "únicamente a la voluntad del alcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder".

La Audiencia de Alicante entiende que el auto de la instructora es "amplio y detallado" y está "suficientemente motivado", por lo que rechaza la petición de Echávarri de sobreseer las diligencias.

La Fiscalía presentó hace unos meses su escrito de acusación provisional por estos hechos, por los que pide diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación administrativa.

A la vista de la resolución de la Audiencia, la magistrada Patricia Romero tiene ya el camino despejado para decretar la apertura de juicio oral.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación