Valencia

La Audiencia absuelve al alcalde de Serra de delito de falsedad documental

El PP de la localidad valenciana ejercía la acusación popular contra Javier Arnal, un técnico municipal y dos funcionarios

Imagen de archivo de Javier Arnal, alcalde de Serra, Valencia
Imagen de archivo de Javier Arnal, alcalde de Serra, Valencia - E. M.

El alcalde de Serra, Javier Arnal (PSPV-PSOE), un técnico municipal y dos funcionarios han resultado absueltos del delito de falsedad documental del que habían sido acusados por el PP de esta localidad valenciana, que ejercía la acusación popular.

Según consta en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, a la que ha tenido acceso EFE, el juez considera probado que se falsificaron sus firmas.

La denuncia fue presentada en 2011 por la entonces trabajadora del Ayuntamiento y actual presidenta del PP de Serra, Consuelo León, si bien su iniciativa fue secundada por el partido como acusación popular, que actualmente la sostiene en solitario al haber renunciado la denunciante original.

Esta trabajadora fue acusada de incurrir en falsedades en la tramitación de varios expedientes relacionados con subvenciones y despedida; posteriormente, el Ayuntamiento fue obligado a readmitirla por sentencia judicial aunque ella optó por cobrar la indemnización y no reincorporarse.

Posteriormente, según explicó a EFE, ella trató de demostrar mediante una querella que quien incurrió en falsedades fueron el alcalde y sus colaboradores, al tramitar unos certificados por unas obras que no se realizaron.

Esas obras se refieren al proyecto de rehabilitación del castillo de Serra que el Ayuntamiento convenió con Fomento mediante un acuerdo por el cual el Ministerio abonaría 100.000 euros en el momento de la firma y otros 250.000 en dos pagos (100.000 y 150.000), siempre que se certificase el avance de las obras y el desembolso por parte del Consistorio a la empresa adjudicataria.

El supuesto delito de falsedad, según la denuncia interpuesta por el PP, se cometió en la certificación de obras que Fomento requirió para abonar la segunda anualidad, es decir, otros 100.000 euros, una cantidad que el Ministerio llegó a transferir pero que el Ayuntamiento hubo de devolver al comprobarse que las obras no estaban ejecutadas, entre otros motivos, por carecer de la preceptiva autorización de la Generalitat.

Esas certificaciones, según la acusación, fueron firmadas por el alcalde, el ingeniero municipal y dos secretarios accidentales, si bien esas firmas se han considerado falsas por el tribunal, que no ha concedido credibilidad a las tesis de la acusación popular.

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