El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, a su llegada a los juzgados para declarar, este viernes
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, a su llegada a los juzgados para declarar, este viernes - JUAN CARLOS SOLER
Posible prevaricación

El alcalde de Alicante defiende ante la juez que el despido de la cuñada del portavoz del PP fue «legal»

Echávarri justifica su decisión de echarla por su contrato «en fraude de ley» aunque luego ha sido readmitida

ALICANTEActualizado:

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha ratificado este viernes ante el juzgado de instrucción número 2 la declaración que realizó ante la Fiscalía por el despido de una trabajadora temporal del Ayuntamiento, cuñada del portavoz del PP en el consistorio Luis Barcala. Así, ha defendido que el despido fue "legal", vino avalado por dos técnicos y ratificado por una letrada municipal por estar su contrato "en fraude de ley".

Ha añadido que que esa relación laboral podía ser "denunciada por los sindicatos", ya que estaba ejerciendo funciones distintas a las que motivaron su contratación. Concretamente, se había incorporado a Cultura como técnica de un centro cultural y un museo municipal, y actualmente se encontraba desarrollando su actividad en otro espacio dedicado a exposiciones de arte.

El caso es uno de los dos procedimientos judiciales en los que está investigado Gabriel Echávarri, en ambos por posible prevaricación. El otro, en el que está procesado, hace referencia al supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

Echávarri ha informado, sobre su declaración ante la jueza, que ha sido "muy rápido" porque "no ha habido más preguntas por parte del fiscal". "Es un procedimiento que sigue abierto y a esperar, nada más", ha afirmado a preguntas de los medios en el Salón Azul del consistorio, antes de la presentación de los carteles de fiestas. También ha reiterado que no la echó para vengarse de Barcala porque este le hubiera denunciado previamente por el caso de los contratos de Comercio, por un importe global de 190.000 euros.

"Me he ratificado en lo que se contó; volvemos a insistir en que se tomó una decisión avalada por dos técnicos de Recursos Humanos y ratificada por una letrada del Ayuntamiento diciendo que había una situación de fraude de ley". Por esta razón, ha reiterado que, "por tanto, es una decisión conforme a derecho y a ley". "Y desde ese punto a ver qué es lo que se decide". No obstante, la cuñada de Barcala fue posteriormente readmitida a instancia del Pleno municipal, con los votos de la amplia mayoría de los grupos políticos menos el PSOE.

Preguntado sobre si opinaba que debería cerrarse la investigación, ha manifestado: "Ni creo ni no creo. Eso ya se verá y de futuribles opinaremos cuando se den los resultados". Asimismo, ha dicho ser "optimista por naturaleza", y ha negado que la juez le haya dicho nada sobre si iba a solicitar nuevas diligencias: "Simplemente he ido a declarar".

El concejal Carlos Giménez, antes de declarar en la misma causa
El concejal Carlos Giménez, antes de declarar en la misma causa-JUAN CARLOS SOLER

Tras Echávarri ha comparecido ante la juez el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, quien también se ha remitido a la versión que ya ofreció en el marco de las diligencias de investigación de la fiscalía.

De acuerdo con esa versión, el despido de la cuñada de Barcala respondió a una iniciativa del alcalde que él conoció tras regresar a Alicante de Santander, donde se encontraba de viaje. De hecho, Echávarri la había sumido en Facebook.

El concejal también ha asegurado que firmó el decreto del cese de Rodríguez tras constatar su legalidad con una abogada y dos técnicos del ayuntamiento, quienes habían redactado el documento y han sido llamados a declarar como testigos por la magistrada el próximo 11 de diciembre.

Interinos e interinos

En cuanto al encuentro que ha mantenido este jueves con trabajadores interinos del Ayuntamiento, el alcalde ha aseverado que hablan "el mismo idioma" porque se dejó "claro", en base a un informe de un catedrático de universidad sobre la posibilidad de consolidar los puestos, que existen dos situaciones "distintas".

"Los interinos con cargo a plaza, que son los que defienden esa regularización. Son personas que han hecho un examen, que se han presentado a una oposición con todas las garantías y que, por cualquier cosa, no obtuvieron la plaza y luego se les llamó", ha indicado.

Por contra, están los interinos sin cargo a plaza, "dos o tres personas", que accedieron con un proceso "más opaco, más restringido, para quienes no defienden la consolidación".

"Solo desde ese punto de vista, nuestro compromiso es regular y consolidar a toda aquellas personas que se sometieron a un proceso abierto y plural, que por cualquier cosa no entraron, pero que demostraron su capacidad y valía para trabajar en la Administración; y, el no consolidar, sino sacar las plazas a la libre oposición de los alicantinos, de las personas que son interinos sin cargo a plaza", ha relatado.