El TSJ admite el recurso de los «ex» de Cs contra las Cortes por obstruir su actividad parlamentaria

Seguidamente, presentaron un recurso de reposición que también fue denegado por la Mesa con este mismo argumento, lo que finalmente conllevó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJCV por vulneración de derechos fundamentales .

La sala del tribunal requiere ahora a las Cortes para que remita el expediente administrativo, acompañado de los informes y datos que estime procedentes, en un máximo de cinco días. También solicita que comunique la remisión del expediente a todos los que aparezcan como interesados en el mismo -los miembros de la Mesa de la Cámara- y para que éstos comparezcan en el órgano judicial como demandados en el plazo de cinco días. Lo que supone que el presidente del Parlamento, Enric Morera, junto al resto de miembros, tengan que presentarse en sede judicial.

En el recurso, los letrados de los diputados justifican una vulneración de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de participación. El criterio de la Mesa de las Cortes para no permitirles las interpelaciones a los consellers, razonan, se fundamenta en dos cuestiones sobre las que los parlamentarios discrepan.

La primera, que el reglamento del Parlamento autonómico, con rango de ley, puede ser modificado «por un simple acuerdo de la Mesa» . Y la segunda, que las facultades y derechos reconocidos a los diputados no adscritos «tienen carácter limitativo» según el acuerdo de 2008 que se aplica ahora. Éste se adoptó después de que los parlamentarios de Compromís Glòria Marcos, Marina Albiol y Lluís Torró (procedentes de Esquerra Unida) pasaran a ser no adscritos tras la ruptura con la coalición por la expulsión de la primera. Fue entonces cuando se reguló esta condición de los diputados y los derechos que tendrían.

En opinión de los letrados de David de Miguel y de Domingo Rojo, en ese acuerdo «no se establece derogación alguna del derecho al ejercicio de otras facultades y actuaciones». En este sentido, remarcan que, pese a que entre los derechos de los no adscritos no se encuentra la presentación de proposiciones no de ley- según el acuerdo de 2008-, sí que se admitió a trámite una el pasado septiembre del propio Domingo Rojo sobre residuos sólidos urbanos (que además fue aprobada).