Rafael Blasco, en una imagen de archivo
Rafael Blasco, en una imagen de archivo - EFE
Tribunales

Abren juicio contra Rafael Blasco y 23 personas más por dos piezas del «caso Cooperación»

Sobre la mayor parte de los procesados pesan las acusaciones de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental

VALENCIAActualizado:

El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el exconseller Rafael Blasco y otras 23 personas por supuestas irregularidades en subvenciones a ONG y el proyecto de construcción de un hospital en Haití, en el marco de las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, que fueron unidas el pasado mes de mayo.

En un escrito de 67 páginas hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se procesa a la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el ex jefe de área de Solidaridad Marc Llinares; la ex secretaria general Tina Sanjuán y el ex director general José María Felip, así como el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo junto a una funcionaria de la Generalitat.

Sobre la mayor parte de los procesados pesan las acusaciones de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

En su escrito de calificación, la Fiscalía solicitó 16 años de cárcel para Blasco y 21 años y 6 meses para el empresario Augusto César Tauroni.

La Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, solicita para Blasco -que ya cumple condena por la pieza 1 de ese caso- una condena de 17 años y 6 meses de cárcel.

En esta causa se procesa también a varios trabajadores de las empresas de Tauroni, y a personas vinculadas a las mercantiles que supuestamente emitieron facturas falsas y amañaron los sistemas de evaluación y puntuación de los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

Por diferentes responsabilidades, se procesa a las mercantiles Fundación Hemisferio, Avance Abogados, Apima, Dinamize, Fudersa, Esperanza sin Fronteras, Gestiones e Iniciativas Arcmed, Inversiones y Estudios Caaz, Expande, Chust Alzira, Beconsa, APB Arquitectura, Matuscas, Macons, Cafcas, Conscas, Gestion Solar Pobla, Monribar Caf, New Castle Consulting Corporation, Indra Holding and Investment Corporation, Worldwide Trinning Corporation, International Human Resources, Quinto Centenario, Desarrollos del Ecuador y Worldwide Human Resources.

Sobre algunas de estas firmas pesa la acusación de blanqueo de capitales.

Además de las penas de prisión, el fiscal pide el decomiso de dos apartamentos y un yate de los que Augusto Tauroni compró en Miami (Estados Unidos).

Además, por responsabilidad civil se pide a los procesados 8.035.942 euros, de los que 5.035.942 serían por el daño patrimonial de la causa y el resto por "daño moral" pues, según recoge el escrito del fiscal, "la lesión es mucho mayor para el interés general por la afección a otros derechos no patrimoniales".

Subvenciones y desvío de fondos

Las dos piezas ahora unificadas en esta causa se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo por parte de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat valenciana.

Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG en 2009, 2010 y 2011, y la otra por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 cuando Blasco dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.

Ya fueron condenados

Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Tauroni ya fueron condenados por el TSJCV a penas de prisión en la primera pieza del caso Cooperación por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.

Con respecto a las medidas cautelares personales, sobre las que ninguna de las acusaciones realiza petición alguna en sus respectivos escritos, la jueza ha acordado el mantenimiento de las medidas de este tipo en su día acordadas, consistentes en la obligación de comparecer en los Juzgados de Valencia el primer viernes de cada mes, junto con la prohibición de salir de España, medida esta última asegurada mediante la retención del pasaporte.

En lo que respecta a Tina Sanjuán, Rafael Blasco y Augusto Tauroni no se acuerda medida alguna, dado que cumplen condena en estos momentos.