Jaume Collboni - Tribuna Abierta

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«Uno de los principales objetivos que debemos proponer al nuevo Gobierno es repensar el papel de las grandes ciudades en la España y la Europa del siglo XXI»

Jaume Collboni
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El éxito de la moción de censura y el nuevo Gobierno presentado por Pedro Sánchez ha cambiado radicalmente el panorama de la política española. Muchas cuestiones que parecían inabordables, ahora se atisban posibles, lo cual ha permitido destensar posiciones y crear un clima de esperanza generalizado.

España debe afrontar en los próximos meses importantes retos políticos. Hay que revisar la ley de protección de la seguridad ciudadana (conocida como «ley mordaza»), hay que poner freno a las repetidas limitaciones a la libertad de expresión, hay que asegurar la estabilidad de las pensiones y hay que plantear escenarios para una solución razonable al conflicto territorial que se plantea en Cataluña.

Pero aún siendo todo ello, entre otras cuestiones, urgente lo más importante es conseguir que los españoles vuelvan a creer que el futuro del país está en sus manos. En una Europa que se debate entre la evolución y el conservadurismo esta consideración que nos remite a una idea básica de progreso democrático tiene que ver con la gestión de la subsidiaridad territorial.

Por eso, uno de los principales objetivos que debemos proponer al nuevo Gobierno es repensar el papel de las grandes ciudades en la España y la Europa del siglo XXI. Barcelona, por ejemplo, concentra y genera una considerable parte de la creación de riqueza y trabajo en Cataluña, es la cocapital de España en materia financiera, en investigación y en desarrollo tecnológico y acoge en consecuencia los flujos migratorios que de ello se derivan.

Su capacidad competencial para resolver los problemas de coordinación territorial, gestión de vivienda o control medioambiental es limitada porque todavía vivimos en un marco jurídico en el que las ciudades son administradas desde el Estado. La Carta Municipal o la Ley de Grandes Ciudades son instrumentos que la realidad ha dejado parcialmente obsoletos frente a la rápida transformación de nuestra sociedad.

Barcelona, como Madrid ya lo es de facto, debe evolucionar como un Distrito Federal, con mayor capacidad para administrar jurídica y fiscalmente sus potencialidades y, obviamente, sus problemas.

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