La Guardia Civil registra desde cerca de las 5 horas las instalaciones de la empresa de mensajería privada Unipost en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) - EFE/ Vídeo: La Guardia Civil se incauta de 100.000 dípticos proreferendum. ATLAS

La Guardia Civil encuentra en un registro a Unipost material del referéndum ilegal del 1 de octubre

La Generalitat intentaba sortear el bloqueo de Correos y la orden del Tribunal Constitucional, utilizando una empresa del 9-N

BARCELONAActualizado:

La Guardia Civil ha registrado todas las oficinas de reparto de la empresa Unipost en Barcelona en busca de las notificaciones nominales para las mesas electorales del referéndum del 1 de octubre (presidentes, vocales y suplentes).

Fuentes de la Benemérita han confirmado a ABC que los agentes han encontrado durante el registro material del referéndum del 1 de octubre destinado a la organización de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Según varios empleados de Unipost, la empresa de mensajería iba a empezar hoy el encargo recibido por la Generalitat de Cataluña para enviar las notificaciones nominales a los «elegidos» en el sorteo para ser presidentes, vocales y suplentes el 1-O.

De esta manera, la Generalitat intentaba sortear el bloqueo que Correos estableció la semana pasada, ya que esta empresa dio instrucciones precisas para que no se distribuyera ningún material relacionado con el 1-O al estar este suspendido por el TC.

Los agentes de la Benemérita han concentrado sus tareas de búsqueda -iniciadas poco antes de las 5 de la madrugada y que han finalizdo antes de las 9.00 horas- en el centro logístico de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en la oficina de Tarrasa (Barcelona), registrando las furgonetas que salían para los centros de reparto y las mismas oficinas.

Así, las notificaciones no han llegado a estos centros -en los que también se han presentado agentes de la Guardia Civil para confirmar que no había material del 1-O- por lo que no se han podido repartir los avisos nominales.

Desde las 8.00 horas los repartidores han empezado a realizar su trabajo con normalidad y han salido desde las oficinas de reparto para distribuir el correo ordinario.

Sobres sin identificar

El envío de las notificaciones se iba a efectuar en un sobre americano (alargado horizontal) ensobrado en un plástico transparente y sin ningún tipo de identificación de la Generalitat en su exterior.

Además, se iba a realizar a través de un sistema «irregular» de certificado ya que, según varios empleados de Unipost, «las órdenes de la empresa es que si no estaba la persona destinataria, se dejase el sobre en el buzón, sin confirmar su recepción».

Ayer, la presión de la dirección de la empresa fue total, según las mismas fuentes. Se dieron órdenes de cambios urgentes de horarios en el reparto, para que los repartidores asumieran hoy zonas que no son de su competencia diaria.

La decisión de colaborar con la Generalitat creó ayer una gran preocupación entre la mayoría de los empleados de Unipost, ya que fueron conscientes de que se les podría encausar debido a que el TC ordenó suspender cualquier tipo de colaboración con todo lo referente al 1-O, y la Fiscalía podría citarles a declarar.

Estaba previsto que el reparto durase «varios días» ya que «es imposible que los trabajadores de Unipost asumamos la carga de trabajo que es notificar a miles de personas», en un solo día, señala uno de los trabajadores de la empresa.

Empresa «independentista»

Unipost, en manos de la familia Raventós (que también controla la empresa Codorniú), está afectada por un concurso de acreedores que arrastra una deuda de más de 48 millones de euros y unas pérdidas millonarias en los últimos años.

Pese a la situación precaria de la empresa, hace unos meses la Generalitat le otorgó un préstamo por valor de entre tres y cuatro millones de euros. Una decisión nada habitual. «Ahora íbamos ha devolver el favor a la Generalitat», asegura un empleado de Unipost a ABC, que añade: «Montoro, ya puede controlar los pagos futuros de la Generalitat... porque este es de hace meses».

Además, Unipost fue la empresa que colaboró con la Generalitat para la organización del 9-N en 2014, consulta por la que Artur Mas y tres de sus consejeros, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, fueron condenados a penas de inhabilitación.

Estos cuatro, junto a otros altos cargos de la Generalitat, están ahora inmersos en un proceso ante el Tribunal de Cuentas por el que podrían tener que pagar algo más de cinco millones de euros.