Roger Loppacher, presidente del CAC, y Daniel Sirera, secretario del CAC, en la tribuna del Parlament en 2013
Roger Loppacher, presidente del CAC, y Daniel Sirera, secretario del CAC, en la tribuna del Parlament en 2013 - ABC

Un estudio académico demuestra la dependencia política del CAC a la hora de tomar sus decisiones

El «paper» analiza los 14 acuerdos del CAC que se aprobaron por el voto de calidad de su presidente entre 2012 y 2015

Fernández Alonso, autora del estudio y profesora de la UAB: «Resulta muy significativo el alineamiento sistemático de los consejeros propuestos por los partidos integrados en la coalición de Junts pel Sí (CDC y ERC)»

BARCELONAActualizado:

¿Actúa el CAC con independencia del poder político en el contexto del debate secesionista que se vive en Cataluña? «La respuesta ha de ser negativa». Un estudio académico demuestra, por primera vez, que el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) se rige para tomar algunas de sus deliberaciones, las más polémicas, en aspectos políticos más que en decisiones técnicas.

La profesora titular del departamento de Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Isabel Fernández Alonso firma un estudio (incluido en el volumen coral «Regulación y control sobre contenidos audiovisuales en España», editorial Aranzadi, 2017) que analiza el elevado número de acuerdos del CAC adoptados con el voto de calidad del presidente entre 2012 y 2015.

Fernández Alonso recopila estos acuerdos, en total 14 (entre los que hay decisiones que no se habían hecho públicas), y señala que «son los más controvertidos» desde el punto de vista político, lo que justificaría que en el periodo analizado se haya «incrementado» esta práctica, la del uso del voto de calidad del presidente, poco recomendable.

Un organismo con capacidad sancionadora

El CAC está compuesto por seis miembros, cuyo presidente es Roger Loppacher (en el CAC desde 2012 a propuesta de CiU). El CAC es el organismo regulador del sector audiovisual español que más competencias tiene otorgadas, entre ellas las de conceder las licencias de emisión y la capacidad sancionadora por el incumplimiento de la legislación en el ámbito autonómico de Cataluña.

Sin embargo, pese a esta capacidad y teórica independencia, la dependencia política del CAC es total, según la profesora de la UAB, ya que los consejeros son elegidos por el Parlamento autonómico, a propuesta de los grupos políticos. Su designación «obedece a cuotas de partido» y, por lo tanto, la composición actual del CAC, en el marco del debate secesionista, está partido por la mitad, tres a favor de la independencia y tres, en contra. Es decir, el voto de calidad del presidente decide.

El panorama es «ciertamente desolador», lamenta Fernández Alonso en su «paper», en el que clasifica en cuatro categorías los 14 temas que tratan los acuerdos que se aprobaron por el «doble» voto de Loppacher: «Pluralismo y medios públicos», «El Punt Avui TV», «Medios de cobertura estatal» y «Votos particulares».

«Alienamiento sistemático»

«Resulta muy significativo el alineamiento sistemático de los propuestos por los partidos integrados en la coalición de Junts pel Sí (CDC y ERC) a la hora de avalar las actuaciones de Televisión de Cataluña (TV3), de proteger los intereses de El Punt Avui TV, de denunciar el tratamiento informativo (...) por parte de algunas televisiones de ámbito estatal a personas o temáticas catalanas y también a la hora de silenciar los votos particulares discrepantes. Por el contrario, los consejeros disidentes son, en los 14 casos estudiados, los propuestos por los partidos constitucionalistas: PPC, PSC y UDC. Cabe matizar que (...) los votos particulares no siempre son conjuntos ni, por tanto, plenamente coincidentes», asegura Fernández Alonso.

En el estudio («La independencia de los organismos reguladores y de control. El caso del Consejo del Audiovisual de Cataluña: análisis de las actuaciones más controvertidas en el contexto del debate secesionista (2012-2015)»), Fernández Alonso confirma que el CAC no actúa con independencia del poder político cuando tiene que deliberar sobre asuntos que salpican al ámbito de actualidad referida a la secesión de Cataluña.