La exdiputada de la CUP Anna Gabriel
La exdiputada de la CUP Anna Gabriel - EFE

El Código Penal suizo condena los delitos de rebelión

Las leyes de la Confederación Helvética ponen en entredicho la estrategia de defensa de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel

BARCELONAActualizado:

La dirigente de la CUP Anna Gabriel ha anunciado hoy su decisión de quedarse en Suiza y no ir a declarar mañana a Madrid ante el Tribunal Supremo, al considerar que no iba a tener un «juicio justo» en España. La defensa de la exdiputada antisistema cree que las leyes suizas pueden ampararla ante los delitos por los que se la investiga, sin embargo, el Código Penal de ese país también castiga los delitos que acarrea la secesión de un territorio.

El artículo 265 del Código Penal Suizo advierte que «cualquier persona que lleva a cabo un acto con el objetivo, mediante el uso de la violencia, de cambiar la constitución de la Confederación» o «cortar un área del territorio suizo de la Confederación o de una parte del territorio» está sujeto «a una pena privativa de libertad de al menos un año».

El Código Penal suizo
El Código Penal suizo - ABC

Esta advertencia está englobada dentro del título trece del Código, dedicado a los «Delitos y faltas contra el Estado y la seguridad nacional» y pondría en entredicho la estrategia de la dirigente antisistema, que se desplazó esta semana hasta Ginebra para preparar su defensa con el abogado Olivier Peter.

Sin embargo, las penas por delitos de rebelión que contempla el Código Penal español son mucho más severas. Por faltas como «Declarar la independencia de una parte del territorio nacional» las leyes españolas prevén penas de entre 15 y 25 años de prisión para los líderes y de entre cinco y diez para los «meros participantes».

Una orden de extradición

Por no ir a declarar ante el Supremo, Gabriel también se arriesga a ser objeto de una orden de extradición u comisión rogatoria, pero su abogado en suiza considera la amenaza de una extradición poco probable a la vista de que España retiró su solicitud en el caso de Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

Según él, su cliente no tendría un proceso justo en España, ya que los miembros del tribunal en Madrid «son cercanos al poder y no ofrecen ninguna garantía de independencia ni de imparcialidad». «Mi cliente está siendo perseguida por motivos políticos, lo que convierte una solicitud de extradición en ilícita», ha opinado el letrado en una entrevista con la prensa helvética.