La alcaldesa de Berga, Montse Venturós, y su abogado
La alcaldesa de Berga, Montse Venturós, y su abogado - AFP

CataluñaLa alcaldesa antisistema de Berga (Barcelona) asegura ser víctima de un «juicio político»

«La legitimidad popular está por encima de la legalidad establecida«, resalta la primera edil al salir del juzgado

BARCELONAActualizado:

La alcaldesa «cupaire» de Berga (Barcelona), Montse Venturós afronta seis meses de inhabilitación por no retirar la bandera «estelada» que colgaba de la fachada municipal en dos convocatorias electorales distintas. Hoy, su caso ha quedado visto para sentencia por unos hechos que, según ella, la señalan en un proceso que ha calificado de «político» y ante el que ha alegado que la «legitimidad popular» está por encima de la legalidad.

La Fiscalía pide seis meses de inhabilitación para Venturós y una multa de 540 euros por un delito de desobediencia, al desoír la orden de la Junta Electoral para retirar la bandera independentista de la fachada del Ayuntamiento en las elecciones catalanas del 27-S y generales del 20-D de 2015. En el juicio, la alcaldesa, que en noviembre de 2016 llegó a ser detenida por los Mossos d'Esquadra al plantar en dos ocasiones al juez de instrucción que la investigaba por desobediencia, ha respondido hoy tanto a la juez como al fiscal, ante los que ha alegado que «la legitimidad popular está por encima de la legalidad establecida».

A preguntas de los periodistas al finalizar el juicio, Venturós ha destacado que ha seguido una «estrategia de deslegitimación del Tribunal», pues considera que este procedimiento «ya tiene culpable de entrada» y que se trata de «un juicio estrictamente político». Por su parte, el abogado de Venturós, el exdiputado de la CUP Benet Salellas, ha afirmado que este proceso es un «instrumento político» al servicio de una «ideología concreta», y ha aseverado: «Ni la Justicia está actuando por este trozo de tela, ni nosotros hemos venido a defendernos por eso».

Paralelamente, la acusada ha reiterado su intención de mantenerse en el cargo aún en el caso de que finalmente resulte inhabilitada, pues ha manifestado: «Entendemos que partimos de un principio, que es el de la legitimidad popular, que está por encima de una legalidad establecida que pasa por encima y desposee de forma sobrada al pueblo», informa Efe. El juzgado de instrucción número 1 de Berga acordó el archivo de la causa pero un recurso presentado por el ministerio fiscal llevó a la Audiencia de Barcelona a reabrir el caso, por lo que finalmente hoy ha sido juzgada.

El juicio ha sido seguido con atención por unas cincuenta personas se han concentrado en la entrada de los juzgados para mostrar su apoyo a la acusada, entre ellas el diputado de la CUP Vidal Aragonès, el diputado de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases o la concejal de la CUP en Barcelona Eulàlia Reguant, entre otros.