La situación política catalana paraliza inversiones inmobiliarias por 400 millones en Barcelona

La inversión inmobiliaria en Cataluña bajó un 4% desde el 1-O y causó el bloqueo de inversiones en oficinas en la ciudad condal por 400 millones de euros

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La situación política de Cataluña ha influido en que se dejen de hacer inversiones inmobiliarias en oficinas de Barcelona por valor de 400 millones de euros, sin embargo, fuentes del sector señalan que los buenos resultados en los primeros trimestres del año permiten salvar un 2017 que describen como «bueno».

Según explicó hoy Hipólito Sánchez, directivo de la oficina de Barcelona de Savills Aguirre Newman, el año pasado la inversión en oficinas en Barcelona alcanzó los 930 millones de euros, entre un 15 y un 19 % superior a la del año anterior, mientras que los metros cuadrados alquilados aumentaron entre un 7 y un 8 %, un dato inferior al crecimiento previsto con las cifras de principios de año.

Entre las operaciones que se han visto frenadas por la situación política catalana, está la de Hispania, que había puesto a la venta un paquete de edificios de toda España, de los que cinco están en Barcelona, o la de Realia y el edificio Imagina -sede de Mediapro- por el que ninguna empresa pujó en subasta.

«Todavía estamos a tiempo de recuperar la confianza», agregó Sánchez, quien confesó que algunos inversores están a la expectativa de retomar sus operaciones en la ciudad condal después de unos meses muy convulsos a nivel social y político.

El volumen de inversión inmobiliaria en Catalunya registró una reducción del 4% en el cuarto trimestre de 2017 en comparación con el mismo periodo del año pasado, según un informe elaborado por Savills Aguirre Newman sobre el efecto de la situación política desde el 1 de octubre en la inversión inmobiliaria en Catalunya.

«Hay perfiles que todavía no quieren invertir en Cataluña, pero son los menos», ha explicado por su parte la presidenta y consejera delegada de Savills Aguirre Newman Barcelona, Anna Gener, antes de apuntar que hasta el día 1 de octubre -cuando se celebró el referéndum ilegal- los inversores no tenían sensación de inestabilidad.