La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el Pleno municipal
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el Pleno municipal - INES BAUCELLS

Los problemas de convivencia por los okupas se duplican con Colau

El gobierno municipal lleva años pagando facturas de los colectivos antisistema

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La permisividad del gobierno de Ada Colau con los okupas, uno de los colectivos beneficiados por los 35 millones invertidos por el Ayuntamiento de Barcelona para sedes de grupos afines, como ABC relató ayer, ha fomentado un aumento de la percepción de conflictividad en la calle. Así se desprende de la última encuesta de victimización encargada por el Ayuntamiento, elaborada la pasada primavera y en la que destacaba el aumento de la problemática generada por los antisistema que campan a sus anchas en la ciudad.

En concreto, los okupas generan para el 8,2 % de los encuestados el principal conflicto de convivencia en Barcelona en 2016. Fue el quinto problema más señalado por los ciudadanos, tras el ruido en las fincas, los turistas y los apartamentos turísticos, el ruido en la vía pública y otros conflictos en la comunidad de vecinos. El incremento de la problemática con los okupas es especialmente remarcable: en 2014, eran el noveno problema, señalado por el 4% de los vecinos; en 2015 llegaba al 5,1 %; y en 2016 lo destacaban el 8,2 % de los ciudadanos, más del doble que hace dos años, una progresión que coincide con la llegada de Colau a la alcaldía.

Can Vies, todavía «okupado»

Antes de 2014, el malestar por los okupas había aparecido de manera testimonial en la encuesta municipal. La preocupación debió cambiar, en gran parte, ese año a finales de mayo, cuando todavía con el alcalde convergente Xavier Trias, Barcelona vivió el conflicto de Can Vies, uno de los episodios recientes de violencia callejera más grave que se recuerda. El desalojo del local -de propiedad municipal y que llevaba 17 años «okupado»- degeneró en cinco noches de altercados . Poco después, paradójicamente, el colectivo regresaba sin problemas al inmueble. Colau sigue tolerando el libre uso de Can Vies, en este caso, sin grandes dispendios de dinero en favor de los «okupas»: el futuro del local -que tenía que derribarse- sigue sin proyecto claro, aunque la alcaldesa ha reiterado que quiere preservarlo.

El conflicto por el Banco Expropiado em Gracia, que estalló dos años después, a finales de mayo de 2016, volvió a despertar el conflicto callejero y con él, la preocupación que se refleja en el informe. En ese caso, el propietario del inmueble era privado, pero el consistorio, primero con Trias y luego con Colau, fue altamente permisivo con los okupas. No solo eso, durante el mandato de CiU se estuvo pagando el alquiler, 5.500 euros al mes, en un gesto para mantener la «paz social» en el barrio. Más tarde, Colau planteó comprar el local para cederlo al colectivo, aunque finalmente no fue así.El gasto en locales de okupas no termina aquí. En las casas de la calle Hort de la Vila, en Sarrià, el gobierno municipal también ha desembolsado dinero para reparar las fincas, que son suyas pero «okupadas» por colectivos antisistema. Allí, solo en 2016, se gastaron 67.829 euros en derramas.

También sonado fue conocerse que Colau pagó en 2015 la instalación eléctrica y factura de 10.492 euros de la «Fiesta mayor alternativa de Gracia», organizada por los antisistema. La factura ascendió a 10.492 euros. Por otro lado, el gobierno de la exactivista asumió un total de 2.705 euros en concepto de gasto eléctrico del edificio municipal de Transformadors, ya derribado y en el que Colau también consintió a okupas.