EFE

El «procés» secesionista dejó a un lado el gasto en guarderías

El TSJC condena a la Generalitat por dejar de subvencionar la educación de 0 a 3 años

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La crisis y el «procés» secesionista llevaron a la Generalitat de Cataluña a olvidar sus responsabilidades en la financiación de guarderías públicas. Los drásticos recortes que han ido sufriendo los centros públicos para niños de 0 a 3 años pueden salirle ahora caros al gobierno catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado una sentencia que muy probablemente sentará precedente y que obliga a la Generalitat a abonar el dinero que ha estado obviando en la cofinanciación de estos servicios municipales.

El fallo que se hizo público ayer hacía referencia a los casos que denunciaron en 2014 los municipios de Cornellá de Llobregat y Hospitalet de Llobregat, que, si no prospera ningún recurso, tendrán que recibir 2,3 millones y 1,02 millones, respectivamente, por el recorte y por los intereses acumulados.

Ambos ayuntamientos llevaron a la Justicia el recorte de los 1.800 euros por alumno que la Generalitat del entonces convergente Artur Mas -con la consejera Irene Rigau al frente del departamento de Enseñanza- tenía que dar por ley a las guarderías. Sin motivo expuesto, e ignorando la Ley de creación de Guarderías de 2004 y la Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009, el «Govern» pasó a una dotación de 1.600 euros por niño, que en 2011-2012 se convirtió en 1.300 euros. Como pudieron, los municipios asumieron la financiación para no afectar al servicio.

Como ellos, otros 30 ayuntamientos, la mayoría socialistas, llevaron la bajada de las aportaciones a los tribunales, muchos bajo una demanda conjunta a través del Foro de Alcaldes y Alcaldesas por la Educación en Cataluña, que todavía no ha obtenido un fallo. Entre los denunciantes están Tarragona, Sabadell, Tarrasa, Lérida o Santa Coloma de Gramenet.

Posible nueva demanda

Además, la denuncia de 2014 no incluía el hecho de que a partir de 2015, todavía con el mismo gobierno, la partida para los costes de las guarderías públicas desapareció literalmente de los presupuestos. Cornellá y Hospitalet, ya con una primera sentencia, y el resto de municipios demandantes, a la espera de que el juez también les dé la razón, abren la puerta ahora a pedir compensaciones por los importes no percibidos desde entonces.

El juez ha estimado favorablemente las reclamaciones de Cornellá y Hospitalet y reconoce en el fallo «el derecho a percibir 1.300 euros anuales por alumno» correspondientes a tres cursos escolares denunciados. La sentencia avala que la administración autonómica tiene una responsabilidad financiera en la etapa educativa de 0 a 3 años y añade que la LEC ampara esta posibilidad.