Los Mossos discrepan de la Fiscalía pero acatarán las órdenes

La Policía Autonómica catalana contradice al consejero de Interior de la Generalitat y anuncia que cumplirá el mandato, aunque «no comparte que una parte de la actividad del Cuerpo sea ordenada y tutelada por un órgano que depende del Ministerio del Interior»

Actualizado:

Una nota interna de la Jefatura de los Mossos d'Esquadra ha informado este sábado a los agentes del Cuerpo de la instrucción dada por la Fiscalía de Cataluña de que será un alto cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad «el encargado de coordinar los dispositivos» para impedir el referéndum ilegal del 1-O.

Esta nota interna ha sido difundida y leída esta tarde en las dependencias de los Mossos y en ella se indica que se ha comunicado al Fiscal Superior de Cataluña que el Cuerpo «seguirá dando cumplimiento a sus órdenes, pero que no comparte que una parte de la actividad del Cuerpo sea ordenada y tutelada por un órgano que depende del Ministerio del Interior».

También se informa a los agentes de que los servicios jurídicos del Departamento de Interior y de la dirección general de la Policía de la Generalitat están estudiando esta instrucción de la Fiscalía, a la que ha propuesto como alternativa que esta coordinación sea ejercida por órganos ya existentes, como la Junta de Seguridad de Cataluña.

A pesar de no compartir la instrucción, la nota es taxativa al indicar que «el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, a lo largo de su historia, ha mostrado un respeto escrupuloso a las órdenes que le han llegado de jueces, tribunales y ministerio fiscal, posición que evidentemente seguiremos manteniendo».

«De la misma manera -añade- el Cuerpo de Mossos d'Esquadra ha mostrado un respeto escrupuloso a la dependencia gubernativa que emana del actual marco normativo».

La nota interna contrasta con la declaración institucional hecha hoy por el conseller de Interior, Joaquim Forn, quien ha asegurado que los Mossos han expresado, a través del mayor Josep Lluís Trapero, «la voluntad del Cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del estado español» con el resto de fuerzas de seguridad en Cataluña con vistas a impedir el 1-O.

Forn ha denunciado también la intención del Gobierno de «intervenir a los Mossos d'Esquadra tal y como se ha hecho con las finanzas de la Generalitat de Cataluña», y que para ello «pretende aplicar el artículo 46 de la ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para dirigir desde el Estado a los Mossos d'Esquadra», lo que ha considerado como «un hecho inaceptable».

Por contra, la Jefatura de los Mossos precisa a los agentes que «esta instrucción en ningún caso supone la intervención del Cuerpo de Mossos d'Esquadra por parte del Estado».

La nota dirigida al Cuerpo concluye asegurando que, igual que hasta ahora, los Mossos «continuarán manteniendo las competencias que le son propias, trabajando con el mismo rigor, compromiso y servicio a la ciudadanía para garantizar la seguridad y el orden público, manteniendo los valores que nos definen y que se basan en la proximidad, el compromiso, la integridad y la voluntad de servicio».

Respaldo del Govern

Por su parte, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha respaldado al conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn. «Como dice el conseller Quim Forn: Los Mossos d'Esquadra no renunciarán a ejercer sus competencias», ha publicado Junqueras en un apunte en su cuenta de Twitter.

Sus críticas se han unido a las del gobierno de la Generalitat, que ha acusado al fiscal de «extralimitarse en sus funciones» y violar tanto el Estatut, como la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad al tomar el control de los Mossos.

«Una cosa es ordenar a una policía judicial» una actuación concreta y otra es «decidir a quién debe dar órdenes», han explicado a Efe fuentes del Govern.

La iniciativa tomada por el fiscal, señalan desde el Govern, «se salta el artículo 164 del Estatut», que establece que «corresponde a la Generalitat el mando supremo» de los Mossos y «la coordinación de la actuación de las policías locales».

Además, las mismas fuentes destacan que «no han hecho un decreto ley previo preceptivo», por lo que el Govern sopesa impugnar la instrucción ante la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El gobierno de la Generalitat también estudia presentar un incidente competencial ante el Tribunal Constitucional, aunque antes de tomar una decisión encargará un informe jurídico.