El municipio barcelonés de Súria, en una foto de archivo
El municipio barcelonés de Súria, en una foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE SÚRIA

Juzgan por prevaricación a funcionarios de Súria por una licencia de obras a la mina de Iberpotash

El fiscal pide hasta dos años y diez meses de cárcel para tres trabajadores públicos

El juicio comienza el lunes en la Audiencia de Barcelona

BARCELONAActualizado:

Emitieron informes favorables para conceder unas licencias de obras a las minas de Iberpotash del municipio de Súria (Barcelona) a sabiendas de que eran ilegales. Es lo que concluye el fiscal, que reclama penas de hasta dos años y diez meses de cárcel para un arquitecto y para los que en 2011 eran interventor del municipio y secretario accidental del Ayuntamiento.

El juicio comenzará el lunes en la Audiencia de Barcelona y se prevé que se alargue hasta el miércoles. Jaume E., Miquel S. y Josep P. -arquitecto, interventor y secretario accidental, respectivamente, en aquellas fechas- se sentarán en el banquillo acusados de un presunto delito de prevaricación urbanística.

Los responsables de la famosa mina instaron al Ayuntamiento la tramitación de un plan especial urbanístico que amparase la construcción en la mina Cabanasses una rampa de extracción y una cinta transportadora. Luego pidieron licencia para construir una pista. Los terrenos estaban ubicados en una zona no urbanizable de especial protección.

Pese a ello, el arquitecto emitió un informe favorable siendo «plenamente consciente de que la concesión de la licencia de obras instaba por la mercantil Iberpotash no resultaba posible» por su ilegalidad. El fiscal cree que el secretario accidental y el interventor conocían las irregularidades pero en ningún momento advirtieron al entonces alcalde y a los concejales de las mismas.

El pleno votó a favor

Por eso, los miembros del pleno municipal que votaron a favor de otorgar la licencia a Iberpotash «creían obrar correctamente». Pensaban que los informes técnicos respetaban el ordenamiento jurídico y confiaban en que, de existir alguna irregularidad, Jaume E., Josep P. y Miquel S. se lo advertirían.

El fiscal reclama dos años y diez meses de cárcel para el arquitecto y nueve años de inhabilitación para ejercer como arquitecto para administraciones públicas. Pide la misma pena para Miquel S., mientras que para Josep P. solicita un año y seis meses de cárcel y siete de inhabilitación.