Fiscalía acusa a Trias de «legitimar» a los «okupas», pero no ve delito en pagarles el alquiler
El anterior gobierno municipal fue investigado tras sufragar la renta del local cuyo desalojo originó unos graves disturbios
La Fiscalía ha archivado su investigación al exteniente de alcalde de CDC Joaquim Forn y a cuatro técnicos municipales de Barcelona por pagar el alquiler del "banco expropiado" okupado de Gràcia, pese a reprocharle que diera cobertura a una situación "ilegal, cuando no delictiva".
En un escrito, la Fiscalía de Barcelona descarta responsabilidades penales en el pago del alquiler del local okupado del barrio barcelonés de Gràcia, que el Ayuntamiento sufragó durante cerca de un año, pero aprecia múltiples "irregularidades" e "incongruencias " en el expediente municipal para la contratación del inmueble.
El ministerio público abrió el año pasado su investigación cuando, tras varios días de disturbios por el desalojo del llamado "banco expropiado", trascendió que el consistorio, cuando era gobernado por Xavier Trias, había pagado 65.500 euros por el alquiler del local okupado a lo largo de un año.
Tras meses de investigación, el ministerio público ha concluido que los responsables municipales no incurrieron en un delito de prevaricación por pagar el alquiler de los okupas, dado que, por el principio de autonomía local, las corporaciones locales "tienen un margen de iniciativa para el acometimiento (y por tanto financiación) de servicios atípicos , expresamente contemplados en la ley pero tampoco excluidos, que redunden en beneficio de la comunidad vecinal".
"Es justamente el pluralismo en la concepción de lo que redunda en beneficio o no de una comunidad lo que pertenece al ámbito de lo político y lo que solo políticamente debe ser dilucidado", añade el ministerio público en su escrito. La Fiscalía descarta también el delito de malversación en el pago del arrendamiento del "banco expropiado", porque el destino de ese dinero "no puede considerarse realizado en beneficio privado".
Dar cobertura
No obstante, el ministerio público advierte de que al pagar el alquiler del local okupado el Ayuntamiento no solo "proporcionó cobertura a una situación manifiestamente ilegal" sino que, además, las razones y motivaciones que se esgrimieron para documentar dicha decisión "no fueron adecuadamente plasmadas en el expediente", que según la Fiscalía adolece de "numerosas y flagrantes irregularidades".
En opinión del ministerio público, el pago del alquiler del banco expropiado ocultaba "una decisión política sin precedentes, tributaria de las más contundente de las censuras", ya que dio amparo a un comportamiento "claramente ilegal, cuando no delictivo, de un grupo indeterminado de personas legitimando, al menos temporalmente, su derecho de posesión sobre el local (...)".
El desalojo del local, situado en la calle Travessera de Gràcia de Barcelona y que estaba ocupado desde 2011, desencadenó manifestaciones de protesta que, en tres noches consecutivas, provocaron numerosos incidentes y cargas policiales en las calles del barrio barcelonés de Gràcia.
Los okupas tomaron en 2011 el local, una antigua sede de Caixa Catalunya que entonces estaba abandonada y que compró posteriormente una empresa inmobiliaria.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, censuró el pago del alquiler de la finca por parte de su predecesor porque a su parecer suponía una " mala utilización del dinero público " y criticó que el equipo de Trias lo hiciera "a escondidas", informa Efe.
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