España no es Turquía

Ante la evidencia de que el procés está perdiendo apoyos a pasos agigantados, y antes de reconocer que la travesía a Ítaca se ha convertido en un viaje a ninguna parte, los dirigentes nacionalistas llevan un tiempo intensificando la acción en foros internacionales para conseguir dar dimensión europea al “conflicto”. Esta estrategia vendría a responder al argumento de que la negativa a autorizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña por parte del Gobierno español estaría demostrando que España es una democracia de baja calidad (equivalente a la Turquía de Erdogan, en palabras de Puigdemont), lo cual justificaría una intervención exterior dirigida a presionar al Gobierno de la Nación para que acepte una solución negociada al conflicto.

Aunque los políticos nacionalistas parecen tener una relación no excesivamente intensa con el principio de realidad, la verdad es que cualquier estudio especializado en la materia muestra lo equivocado de sus apreciaciones. Así, a mdo de ejemplo tanto en el Rule of Law Index como en el ranking de democracias de The Economist (dos de los índices internacionales que miden la calidad de las instituciones y sistemas políticos más serios y respetados en el mundo) el régimen político español obtiene una valoración equivalente a la de los países más desarrollados del mundo.

En el Rule of Law Index correspondiente a 2016, España se situó entre los 25 mejores de 113 Estados analizados, obteniendo una puntuación semejante a la de Francia, Alemania, Austria, Estados Unidos o Bleǵica. Se trata de es un índice elaborado por expertos independientes, a partir de análisis multidisciplinares, que mide el respeto al imperio del Derecho y cómo se proyecta la primacía del Derecho en situaciones prácticas y cotidianas en las que la actividad de los poderes públicos afecta a los ciudadanos. En dicho análisis se emplean 44 indicadores agrupados en ocho categorías: establecimiento de limitaciones jurídicas a los poderes públicos, ausencia de corrupción, gobierno abierto, respeto a los derechos fundamentales, orden y seguridad, Justicia Civil y Justicia Penal.

Por su parte, en el ranking de democracias elaborado por The Economist España también se encuentra entre los países que obtienen un mejor desempeño, con una valoración semejante a la de Reino Unido o Alemania y mejor que la que obtienen Estados Unidos, Francia o Italia. En este caso, se trata de un índice efectuado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, que mide el estado de la democracia en 167 países, a partir de un análisis de 60 indicadores agrupados en cinco categorías diferentes que miden el pluralismo, las libertades civiles y la cultura política.

Obviamente, el sistema político español presenta carencias y es susceptible de mejoras que hagan que las instituciones públicas sirvan más efectivamente al bien común de los españoles, también en las variables que analizan los estudios citados. Por poner sólo algunos ejemplos, algunas áreas de mejora son: cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de los responsables políticos, respeto a derechos fundamentales como el de los padres a decidir la educación de sus hijos o los derechos lingüísticos de los ciudadanos, apoyo a las fuerzas de seguridad cuando se ven acosadas por grupos antisistema, transparencia en la contratación de lobbies extranjeros, o medios de comunicación públicos que reflejen la diversidad de la sociedad en lugar de aspirar a modelarla según consignas ideológicas.

Casualmente, estas áreas de mejora coinciden con lo que debería hacer un gobierno de la Generalidad que ejerciera lealmente sus competencias en servicio a todos los catalanes. Lo cual nos lleva a concluir que, para acabar con el deterioro institucional denunciado por Puigdemont, es necesario desalojar al nacionalismo del poder.

Pablo Nuevo, Abogado y doctor en Derecho.