Ada Colau margina el castellano en sus contrataciones públicas

«Entregar toda la documentación necesaria para el cumplimiento del contrato en catalán », dice uno de los puntos del apartado de obligaciones del contratista, en la parte final del pliegue administrativo de las cláusulas exigidas. La condición se repite en varios procesos abiertos a día de hoy por el gobierno de Ada Colau, como las obras de reurbanización de calles o rehabilitación de centros sociales, según ha podido comprobar ABC.

A pesar de que pueda tratarse de un flagrante caso de discriminación, algo denunciado repetidamente por algunos partidos y entidades, lo cierto es que el reglamento vigente incluye en su artículo 4 la exigencia del catalán en la entrega de documentación. «En carácter general, e l trabajo se tendrá que entregar en lengua catalana », especifica el documento, que añade además que «excepcionalmente, en el caso que su finalidad le exija la redacción en otra lengua, se tendrá que hacer una copia en lengua catalana».

Además de discriminatorio, el apartado 4 del reglamento es la excepción de una norma que cuando se aprobó en 2010 contenía en la mayoría de sus apartados una discriminación más general en contra del castellano, pero que la justicia ha ido corrigiendo en favor del bilingüismo tras sucesivos recursos . La sentencia más contundente llegó en 2012, cuando tras un recurso del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, quedó rechazado el uso «preferente» del catalán en la comunicación entre Consistorio y ciudadano. Su argumentario se basó en la resolución que el Tribunal Constitucional hizo sobre la política lingüística del Estatuto, que especificaba que omitir el castellano era una violación del principio de cooficialidad de las dos lenguas.

También en 2015 la asociación Impulso Ciudadano presentó un nuevo recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) incidiendo en algunos puntos específicos del reglamento, como el de los contratos públicos. El Tribunal no los admitió, alegando que sólo podían recurrir las empresas que se pudieran sentir directamente afectadas por las condiciones. Desde Impulso Ciudadano critican esta discriminación y comentan que en Cataluña ninguna empresa se ha atrevido a denunciar esta práctica , algo que sí ha pasado en el País Vasco o en las Baleares, donde la Justicia sí ha dado la razón a los casos impugnados por discriminación de lengua.

Reglamento en mano, el gobierno liderado por Colau ha seguido la línea de Xavier Trias (CiU), impulsor del textro y mantiene su preferencia por el catalán. El PP, uno de los grupos municipales que más ha combatido lamenta que la alcaldesa «no respete el derecho de los castellanohablantes» .

El presidente del grupo municipal, Alberto Fernández, reclama que, en la línea de las otras sentencias, el apartado sobre contrataciones se adapte y no priorice una de las dos lenguas cooficiales . «En el fondo, debería regir la libertad», comenta a ABC. El PP recuerda que, aunque el reglamento no es obra de Colau, la actual alcaldesa ha mostrado en otras ocasiones su menosprecio hacia el español. Uno de los casos más paradójicos fue cuando durante el pasado diciembre en el barrio del Raval se colgaron carteles informativos, escritos en catalán, árabe y tagalo, pero no en castellano.

El Ayuntamiento se limita a defender que en ningún caso incumple el reglamento vigente y recuerda que, según corrobora el TSJC, en los casos de contratación pública, el Consistorio actúa como consumidor, y que la obligación de usar el catalán alude al contratista y no a personas físicas concretas.