¿Cataluña maltratada?

Para justificar o comprender las reclamaciones de los separatistas se aduce, con frecuencia, que la independencia es la única alternativa que el Estado ha dejado a los catalanes que se preocupan por el futuro de su tierra. En este sentido, añaden, una autonomía de baja calidad, unida a un ahogo continuo -tanto en lo económico como en lo competencial- por parte de los distintos Gobiernos centrales han motivado que muchos que nunca simpatizaron con el nacionalismo se apunten a la desconexión respecto de España. En cierto modo vienen a decir que si desde España se permitiera a Cataluña blindar las cuestiones culturales (como la lengua), se garantizara una financiación suficiente por la vía de un pacto fiscal, y con cargo a los presupuestos comunes se mejoraran las infraestructuras en Cataluña desaparecerían las “razones” para romper una comunidad política más que centenaria y podrían recomponerse los puentes destruidos desde la Diada de 2012.

Esta posición, que goza del atractivo de ofrecer una solución razonable al camino sin salida en que nos ha instalado el soberanismo, me parece que no hace justicia a lo que han sido los últimos 30 años.

Por lo que respecta a las cuestiones culturales, que para los nacionalistas son esenciales para preservar la identidad de Cataluña, hay que dejar constancia de que el denostado Estado autonómico ha permitido (¡y blindado!) que la lengua vehicular y prácticamente única de la enseñanza sea el catalán, y que el castellano, lengua propia de más del 50% de los catalanes, esté complemente relegado de la escuela pública y concertada. No sólo eso, sino que la legislación estatal reconoce el derecho a relacionarse en catalán con los órganos administrativos del Estado presentes en Cataluña, garantizando y respetando un bilingüismo que ya quisiéramos los castellanohablantes que vivimos en Cataluña aplicara la Administración autonómica o local. Asimismo, aunque sea en el plano simbólico, la normativa estatal ha hecho desaparecer los toponímicos Gerona y Lérida también cuando se expresa en castellano.

Por lo que se refiere a las cuestiones económicas, y sin necesidad de remontarnos a la política económica proteccionista de la Restauración, programada al servicio de la industrialización de Cataluña, o a la decisión del INI franquista de instalar la SEAT en Barcelona, hay que recordar que el actual sistema de financiación de todas las Comunidades Autónomas de régimen general fue diseñado por la Generalidad de Cataluña, pactado después entre el Presidente Montilla y el Gobierno de Zapatero, y después del acuerdo generalizado a todas las Comunidades Autónomas. Como es obvio puede discutirse si el modelo es acertado o conviene cambiarlo, pero partiendo del dato de que fue elaborado teniendo en cuenta los intereses de la administración autonómica catalana.

Por último, en relación con las infraestructuras, la realidad es que no hay muchas regiones europeas, por no decir ninguna, en que todas sus capitales de provincia estén unidas por una red de tren de alta velocidad (pagada por el Estado), disponga de un aeropuerto internacional con la capacidad del de Barcelona (pagado por el Estado), y tenga un puerto que se encuentra entre los que más inversión (de nuevo, del Estado) han recibido en la última década. Es más, como ha puesto de manifiesto el antiguo dirigente de Convergencia López de Lerma también el Estado pagó algunas de las infraestructuras más emblemáticas de la época de Pujol, como el Eix Transversal. En fin, puede que el bien común de toda España exija mejoras en las infraestructuras catalanas; por ejemplo, puede que sea urgente terminar el corredor mediterráneo, si bien la estrategia negociadora consistente en “págamelo, pero hazlo rápido porque en 18 meses me separo” quizá no sea la más adecuada para convencer a nuestros conciudadanos de la bondad del proyecto. En todo caso, no creo que pueda decirse que haya habido maltrato consciente a Cataluña en este ámbito.

El intento de resolver el mal llamado problema catalán proporciona una ocasión de oro para mejorar algunas de las disfunciones de nuestro Estado autonómico. En este sentido, bienvenida sea toda propuesta que aborde, con decisión y sin miedos, cómo mejorar el funcionamiento del aparato administrativo que debe estar al servicio de los españoles. Pero si queremos llegar a buen puerto es imprescindible, como en todo en la vida, partir de la realidad.

Pablo Nuevo es doctor en Derecho y profesor de la UAO CEU