Protesta contra las multas lingüísticas
Protesta contra las multas lingüísticas - ABC

ATAQUE AL CASTELLANOCataluña aumenta en un 173% las multas a empresas por no rotular en catalán

El PP registrará una proposición para frenar estos expedientes sancionadores

BARCELONAActualizado:

Mientras desoye hasta el límite o recurre las sentencias que obligan a garantizar la educación en castellano en Cataluña, la Generalitat prosigue su combate a la lengua española en otro frente: la rotulación de comercios y empresas. El Gobierno catalán aumentó en un 173% la recaudación por multas impuestas a comercios, autónomos y empresas por no rotular en catalán. Así, los importes por sanciones lingüísticas pasó de 51.350 euros, en 2014, a 140.000 euros el año pasado.

Asimismo, en lo que va de año 2016, hay un total de 89 empresas con expedientes sancionadores en trámite por vulneración de los derechos lingüísticos, de las que 43 corresponden a denuncias de particulares y, diez, de empresas. El resto han sido abiertos de oficio por la Agencia Catalana de Consumo. Todas las denuncias se sustentan en el Código de Consumo de Cataluña, que establece que los consumidores tienen derecho a recibir en catalán la información de carácter fijo (rótulos exteriores e interiores) ycontempla infracciones por su incumplimiento.

Los datos de multas lingüísticas han sido facilitados por el conseller de Empresa, Jordi Baiget, en una respuesta parlamentaria al grupo del PP, que ya ha anunciado medidas contra estas sanciones. El PPC registrará una proposición de ley en el Parlament para la supresión del régimen lingüístico de la Ley del Código de Consumo de Cataluña, en el que pedirá que se paralicen los expedientes sancionadores lingüísticos que estén en marcha contra comercios, autónomos y empresas por no rotular en catalán.

En concreto, el texto de los populares catalanes pedirá que se paralicen los expedientes sancionadores que estén en marcha "para que queden sin efecto y directamente archivados" y que se devuelva con carácter retroactivo el importe de las sanciones a los multados, junto al interés legal que corresponda.

La diputada popular María José García Cuevas ha denunciado "la presión política" a la que la Generalitat "somete a comerciantes, autónomos, pymes y empresas", que ven "cómo se les impone el uso de una de las lenguas oficiales" en Cataluña, "lo que vulnera los derechos lingüísticos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía".