Carlos Martínez, Luis Tudanca y Virginia Barcones, en una imagen de archivo en la sede del PSOE
Carlos Martínez, Luis Tudanca y Virginia Barcones, en una imagen de archivo en la sede del PSOE - ICAL
Política

«Oposición unánime» del Consejo de Alcaldes del PSOE a los mapas rurales

Pide al PP que lo aplace o exigirá la «retirada» de la norma elaborada por la Junta por considerarla «insuficiente»

ValladolidActualizado:

El último escalón para culminar el desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio ya es manifiestamente más alto y difícil de escalar que los anteriores. El necesario acuerdo que la Junta de Castilla y León tiene que encontrar en el PSOE no será fácil y, en este momento, prácticamente imposible. Si ya se intuía complicado desde hace tiempo, la Dirección Permanente del Consejo de Alcaldes socialistas en la Comunidad -órgano del que depende la posición final del partido en este asunto- ya advirtió este viernes de que, según está ahora el texto, su voto es no. Así, mostró su «oposición unánime» al proyecto de ley que regula los mapas de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios en el Territorio (Ubots), el tema que más escollos ha encontrado desde que en 2013 salió adelante la ley, casi por unanimidad, tras el acuerdo entre el presidente del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera, y el entonces líder de los socialistas, Óscar López.

Otras normas vinculadas a ella también han recibido el visto bueno de las Cortes con el entendimiento con el PSOE, pero esta parte no se aventura fácil. Será el Consejo de Alcaldes en pleno el que decida la postura definitiva, pero la dirección permanente de este órgano ya manda así un primer aviso, mostrando su «oposición unánime» al texto según está actualmente elaborado. Por eso, reclaman un «aplazamiento» por parte del Partido Popular a la normativa o exigirán su «retirada» con el objetivo de iniciar «un proceso de negociación seria y rigurosa». El texto «es clarísimamente insuficiente» y «alejado de los objetivos que nosotros tenemos», subrayó ayer Carlos Martínez, presidente del Consejo de Alcaldes. «Necesitamos darle una vuelta importante para que pueda servir para algo y no se quede en un texto de la Junta», recalcó el también alcalde de Soria.

«Ni de lejos»

«No» se resignan al acuerdo, pero, advierte, ahora la pelota está en el tejado del PP. «No depende exclusivamente de nosotros», señaló Martínez, quien confió en que los populares «atiendan el requerimiento» del PSOE para la negociación. Eso sí, si continúa como está, «un no rotundo». «Si se retira, aplaza, revisa y hay un punto de encuentro, la posición variará», añadió el regidor soriano, para quien «no» hay líneas rojas, pero «desde luego» el proyecto de ordenación de los mapas rurales «debe ir ligado» a una financiación de los servicios y presupuesto. «Que sea viable, pero también realista con los problemas de los vecinos de Castilla y León». En este sentido, consideran que debe servir para «sentar unas verdaderas directrices que vayan más allá de las prestación de servicios y se garanticen en igualad». Así, añadió, debe sentar también «los pilares de desarrollo y futuro» para «generar oportunidades» de «poder habitar» el territorio. Y, por el momento, resaltó, «no lo incluye ni de lejos». El Consejo de Alcaldes lo considera «insuficiente» y que «no resuelve los grandes problemas que sufren los ciudadanos». «Refleja una continuidad en las políticas del PP que durante los últimos treinta años no han dado resultados».

«Si hemos estado 30 años sin ordenación del territorio, las prisas no son nada buenas», advirtió Martínez, quien incidió en pedir «sentarnos y negociar». Cuando el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 26 de enero los mapas rurales para la prestación de servicios en los pueblos, el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, apuntó su intención de que estuviesen definitivamente aprobados en abril. Sin embargo, durante el proceso de negociación abierto ha reconocido que seguía el «diálogo» para intentar el mayor consenso en torno a una norma que ha siempre ha defendido como «municipalista y autonomista».

Sacar adelante esa ley requiere dos tercios de la Cámara (56 de 84 procuradores) y el PP sólo no suma, por lo que necesita los 25 del PSOE.