Rafael Delgado es perseguido por los periodistas minutos antes de entrar en los juzgados de Valladolid
Rafael Delgado es perseguido por los periodistas minutos antes de entrar en los juzgados de Valladolid - F. BLANCO
Trama eólica

Delgado apunta a «órdenes» de Villanueva sobre cómo repartir el «melón» del sector

Elude responsabilidades y niega que recibiera algún tipo de comisión en esta trama que defraudó 80 millones

ValladolidActualizado:

Ya en su escrito para solicitar el archivo de la causa contra él, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado le atribuía al que fuera su jefe al frente del departamento, Tomás Villanueva, la «total» planificación de las autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León. Ayer, en su declaración en calidad de investigado ante la juez que instruye el caso por una trama que podría haber defraudado más de 80 millones de euros, volvió a eludir su responsabilidad y apuntó a que seguía las «órdenes» del ex consejero, quien -dijo- era el que daba las «instrucciones» para que los nuevos proyectos que se repartieran el «melón» de un sector emergente junto a empresas locales.

Así lo mantuvo durante cinco maratonianas horas de declaración frente a lo recogido en la querella de Anticorrupción que ha dado con el inicio de la instrucción y que apunta a que Delgado «exigió» como punto de partida de la trama que se «cediera o permitiera la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización» para después «favorecer» a aquellas con una «relación especial» que no aportaban capital y sí recibían beneficios. En este sentido, argumentó el exviceconsejero que fue Villanueva el que dio una «orden expresa» de que en las concesionarias tuvieran «accionariado local», explicaron fuentes jurídicas.

Él, por su parte, dijo haberse limitado a firmar proyectos que contaban con visto bueno técnico y político, dado que aseguró que «todo» pasaba por Villanueva, quien «conocía» los proyectos, de los que era «absolutamente» informado todas las semanas por documentos y reuniones internas y a través de comunicaciones con las propias compañías eléctricas que pujaban por un proyecto de la mano de alguna empresa local. Con esa documentación sobre la mesa el exvicepresidente «ejercía control» sobre los proyectos.

Su señalamiento hacia el que fue su superior llega después de que en la querella de Anticorrupción, cuyo representante en la causa fue el más exhaustivo en el interrogatorio copando cuatro de las cinco horas que duró su declaración, se recogiera que no constaba que «otros miembros de la Junta conocieran» las circunstancias en las que se repartían los proyectos del sector.

También miró hacia Villanueva en lo que respecta a la orden que le atribuyó las competencias de autorización de parques eólicos que anteriormente ejercían las delegaciones territoriales de la Junta y que aseguró que lo decide el exconsejero con el fin de «poner cierto orden».

En lo que respecta al negocio que sacaban en claro las empresas que se beneficiaban de esa participación en los proyectos, aludió al libre mercado eléctrico y a que el registro de compraventas de participaciones sociales entre las compañías «no dependía» de él -sino de la Dirección General de Minas-, y que no conoció «nunca» las operaciones. También negó haber recibido él comisiones a título personal.

Para la acusación particular, fue «de manual»

Para la acusación popular, la declaración de Delgado fue de «manual de cargo público investigado, de echar balones fuera. Ha conseguido dar un curso de cómo es posible atravesar Pisuerga a nado, desnudo y sin mojarse». Apuntó el letrado que el exviceconsejero recogió que «en Castilla y León se abrió el melón del negocio eólico» pero que a «lo largo de todas estas tramitaciones él dice asistir, estar enterado pero que seguía indicaciones del consejero». Ante estas acusaciones, apuntó que se «tendrá que llegar al extremo» de citar a Villanueva. «Es muy difícil que no comparezca visto lo visto».

Otras 20 personas están siendo investigadas por esta trama por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Las declaraciones se retoman el 15 de junio con Alberto Esgueva, que fue responsable de Excal.