Tribunales

El Constitucional avala por unanimidad la prohibición de matar al Toro de la Vega

Rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento de Tordesillas contra la decreto de la Junta de Castilla y León

Tordesillas celebró el pasado septiembre la primera edición del torneo del Toro de la Peña en sustitución del Toro de la Vega
Tordesillas celebró el pasado septiembre la primera edición del torneo del Toro de la Peña en sustitución del Toro de la Vega - ICAL

El Tribunal Constitucional ha avalado el decreto de la Junta de Castilla y León que prohíbe el alanceamiento y muerte del Toro de la Vega. Así lo han decidido por unanimidad sus miembros, que han optado por no admitir el recurso del Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) contra la norma del Gobierno regional.

Fuentes del Constitucional han confirmado a Efe esa decisión, que implica el rechazo siquiera a debatir los argumentos del Ayuntamiento contra una prohibición que, según el recurso presentado, lesiona su autonomía municipal.

El Constitucional tumba así el último intento de la localidad vallisoletana para matar al animal en su tradicional torneo. El decreto aprobado por la Junta el pasado mayo prohíbe la muerte de cualquier astado en festejos taurinos populares y tradicionales y fue refrendado por las Cortes de Castilla y León en relación con el toro que cada año, desde hace casi cinco siglos, protagonizaba en la villa de Tordesillas (Valladolid) el Torneo del Toro de la Vega.

Una norma contraria al reglamento municipal que regula el tradicional torneo del Toro de la Vega, incluido el alanceamiento y en su caso muerte del astado que cada año ha protagonizado este ritual documentado desde hace casi cinco siglos.

Por su «integridad y pureza»

El Ayuntamiento, partidario de preservar en su integridad y pureza tradicionales el festejo, llevó al Constitucional un conflicto en defensa de la autonomía local que el tribunal de garantías ha decidido no admitir.

Los entes locales, en cuanto partes de un todo estatal, tienen garantizada su autonomía «para la gestión de sus respectivos intereses», dice la Constitución, que sin embargo no recoge ninguna materia específica que sea de su competencia.

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