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Política

La comisión eólica se tambalea tras el no de la Agencia Tributaria a remitir su informe

La oposición denuncia «complicidad» entre la Junta y el Gobierno para «bloquear» la investigación

La sede de las Cortes y la de la Agencia Tributaria, en Valladolid F. HERAS

J. M. AYALA

La primera comisión de investigación abierta en Castilla y León desde hace lustros sufrió ayer un importante revés al conocerse que la Agencia Tributaria rechazaba remitir a sus integrantes el informe sobre la supuesta trama eólica que envió a la Fiscalía Anticorrupción, clave también para poder iniciar los trabajos de investigación de los representantes de los grupos parlamentarios. A través de un fax a modo de avance, la institución dependiente del Ministerio de Hacienda informaba de que no podría trasladar la documentación requerida por diferentes cuestiones legales y por tratarse de un asunto «reservado» que se encuentra en fase de instrucción por parte de la Fiscalía. Además de ser el origen del trabajo judicial en marcha, la importancia del documento también estriba en el hecho de que el Partido Popular -mayoritario en la comisión parlamentaria- condicionara las declaraciones de decenas de personas -políticos, empresarios,...- solicitadas por la oposición a la recepción y estudio de este informe.

El anuncio fue conocido por los siete miembros de la comisión pocos minutos después de que el comunicado llegara a las Cortes y desató una nueva tormenta política con críticas especialmente duras llegadas desde el PSCL. Pese a que los populares, liderados en este órgano por Juan José Sanz Vitorio , ya trasladaron al resto de miembros su «desacuerdo» con el «no» de la Agencia Tributaria y su intención de pedir un informe urgente a los servicios jurídicos de las Cortes para presentar, si es posible, alegaciones, desde las filas socialistas Javier Izquierda consideró que existe «una complicidad» de los gobiernos de Juan Vicente Herrera y Mariano Rajoy para «tapar lo ocurrido» en este caso. En opinión del vallisoletano, «es evidente» que el PP «no quiere que se analice el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos» y la negativa de la Agencia Tributaria a remitir a las Cortes el informe es «la esperada y descarada prueba» de su «nula voluntad».

Tras estas afirmaciones, el malestar de Sanz Vitorio era mayúsculo. «Izquierdo es un personaje poco recomendable que anda mendigando un minuto de gloria y le da lo mismo hacerlo sin el más mínimo rigor», sentenció antes de asegurar que «a este señor le tiene sin cuidado la comisión y sólo importa su circo».

Izquierdo, por su parte, acusó a los dos representantes del PP de «dedicarse a boicotear el acceso a la documentación desde el minuto uno de su constitución» y denunció el retraso «injustificado» en el envío del informe a la Fiscalía «por parte de la que en su momento fue número dos de la Consejería de Hacienda y ahora delegada de la Agencia Tributaria de Castilla y León, Georgina de la Lastra .

Para el también procurador, «la actitud» de los populares «es la que puede tirar por la borda la comisión» al considerar que «si el informe finalmente no llega rechazarán las peticiones de comparecencias». En todo caso, sostuvo que se puede continuar investigando porque existen otros documentos -un «cronograma de los parques eólicos que tiene la Junta», escrituras que demuestran «el tráfico económico que hubo»-, suficientes para llamar a declarar «a los presuntos responsables de lo sucedido».

«No está cerrada»

Mientras, desde el PP prefirieron «no anticipar» lo que puede suceder en las próximas fechas dejando claro que la comisión a día de hoy «no está cerrada» porque aún es posible dar «muchos pasos», pero «siempre» desde la seriedad. Ciudadanos , por su parte, denunció también «la nula voluntad» del Partido Popular de llegar a un esclarecimiento de lo sucedido en torno a la conocida como trama eólica y cuestionó la «fiabilidad» de los compromisos de este partido en materia de transparencia. Su portavoz, Luis Fuentes , criticó que se hubiera frenado la comisión hasta contar con un informe que ahora no se va a recibir. Además, calificó de «gran decepción» que el partido mayoritario en la Comunidad «se ampare en los resortes de la administración» para «impedir que se avance en esclarecer lo sucedido».

Por último, para Podemos , la negativa de la Agencia «es una muestra más de la politización» de la administración pública, que de esta forma «bloquea» el avance de la comisión de investigación.

Por todo ello, la formación de Pablo Iglesias en Castilla y León espera que todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, se unan a la reclamación de dicho informe para poder dar celeridad a este organismo abierto en las Cortes.

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